Sergio Sarmiento / Cláusula exorbitante
| Autor | Sergio Sarmiento |
"No se puede gobernar a base
de impulsos de una voluntad caprichosa,
sino con sujeción a las leyes".
Benito Juárez
¿Qué es una cláusula exorbitante? Una disposición contractual que permite a un Gobierno modificar convenios sin una declaración judicial previa. Es un permiso para que el gobernante haga lo que quiera, sin importar lo firmado. Más que exorbitante, es arbitraria.
Esta cláusula es sólo una de las disposiciones que el Presidente López Obrador quiere introducir en todos los contratos gubernamentales. Para eso ha presentado a la Cámara de Diputados una iniciativa que modifica 23 leyes que buscan dar todavía mayores poderes al Gobierno.
Se fortalecerían tanto que dejarían en indefensión jurídica a cualquier empresa o persona que firmara un contrato con el Gobierno o recibiera una concesión, licencia o permiso del sector público. Los acuerdos sólo serían válidos mientras el Gobierno quisiera.
La iniciativa limitaría los montos de indemnización que el Estado mexicano tendría que pagar al incumplir contratos por decisiones de arbitrajes nacionales e internacionales. Le evitaría pagar un resarcimiento completo de daños y perjuicios al cancelarlos de manera unilateral. Permitiría la revocación de concesiones, permisos, autorizaciones o licencias por "hechos supervenientes" que afectaran el "interés público".
Obligaría a incluir una "cláusula exorbitante", una cláusula de terminación anticipada por razones de "interés público", en todos los contratos privados con el Gobierno y sus dependencias. Reviviría la prohibición a ex funcionarios para desempeñar cargos o proporcionar servicios a empresas en sectores que hayan regulado o supervisado durante ocho años para Subsecretarios, nueve para Secretarios y 10 para el Presidente, a pesar de que la Suprema Corte ya declaró inconstitucional esta restricción.
El Artículo 133 de nuestra Constitución reconoce los tratados internacionales como Ley Suprema de la Nación, pero esta iniciativa abrogaría en términos prácticos esta disposición. En la Ley de Expropiación, por ejemplo, eliminaría el párrafo que reconoce que sus disposiciones se deben ajustar a los tratados internacionales y acuerdos arbitrales.
Al limitar los pagos por daños y perjuicios permitiría al gobernante en turno cancelar a discreción contratos con privados por razones de "interés público" o preservación de "bienes comunes". Al añadir como...
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