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Sergio Elías Gutiérrez / Fiscalizar al poder

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Vincent
AutorSergio Elías Gutiérrez

El Gobierno estatal dio a conocer la semana pasada la cirugía mayor a la que se someterá la administración pública estatal.

Con casi un centenar de reformas se busca que el Gobierno local ahorre una buena cantidad de recursos. Al mismo tiempo mejorará, se asegura, la eficiencia del aparato público.

Al margen de la racionalidad buscada, el Gobierno de Jaime Rodríguez está haciendo de la necesidad una virtud.

La crisis heredada y la caída en los ingresos federales obliga a esas medidas que no por necesarias dejan de ser dolorosas, ya que dejan a más de mil nuevos desempleados.

Sería tedioso analizar lo prolijo de las reformas, ya ampliamente difundidas en días pasados. Además, está pendiente su aprobación por el Congreso local.

Faltaría que los municipios hagan lo propio, ya que tienen estructuras obesas, por decir lo menos, la mayoría heredadas del pasado inmediato.

No existe, al menos en nuestro medio, un tamaño óptimo de las administraciones públicas. Un parámetro válido podría ser limitar el gasto en personal a un porcentaje de los ingresos.

Tampoco es frecuente conocer las políticas públicas adoptadas ni cuáles son los criterios para ello. La improvisación es la regla, la racionalidad la excepción.

Un buen ejemplo de improvisación en los municipios es, por ejemplo, la oferta a bote pronto del Alcalde de Guadalupe de apoyar con 200 millones de pesos en infraestructura vial la construcción en un predio de su municipio del nuevo estadio de futbol de Tigres.

Ante la desastrosa realidad de las administraciones públicas estatal y municipales, surge la iniciativa "Alcalde, ¿Cómo Vamos?", seguida de "Gobernador, ¿Cómo Vamos?", por parte de organizaciones que intentan postularse como las adecuadas para evaluar a los Gobiernos.

De ese intento quedan algunas cuestiones por aclarar.

En primer lugar, es difícil evaluar a los Gobiernos, ya que carecen de -o al menos no se conocen- los objetivos y metas que permitan saber cuáles son los indicadores para ser evaluados.

Eso no ha sido obstáculo para que los activistas de las organizaciones sociales, algunas con bajo nivel de penetración en la sociedad, sigan exigiendo que los Gobiernos se sometan a su evaluación.

Mientras tanto...

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