Sergio Elías Gutiérrez / Backpack

AutorSergio Elías Gutiérrez

¿Están enterados los miles de usuarios del transporte público de pasajeros de que el 20 de diciembre de 2020 se reformó la Constitución en su Artículo 4, párrafo 17?

Creo que nadie les ha avisado que ese artículo señala que "toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad".

Los legisladores que modificaron la Constitución están acostumbrados a la idea de que la creación de nuevas leyes impacta en la realidad.

Pero el formalismo jurídico, la creación de esas leyes por sí misma, no resuelve problemas públicos. Éstos, conocidos como derechos sin garantía (Luigi Ferrajoli, dixit), llenan muchas páginas de las Constituciones.

Sin embargo, las leyes requieren de instrumentos que las hagan realidad y para eso se requiere de políticas públicas bien diseñadas y mejor ejecutadas.

En plena crisis por la pandemia de Covid-19, en marzo de 2020 se decretó la suspensión de miles de empleos para hacerle frente. Eso impactó en el servicio del transporte. El flujo de pasajeros se redujo en poco más del 50 por ciento y, con ello, los ingresos de los empresarios del ramo.

A eso había que sumar que, desde años antes, se había mantenido congelada la tarifa de ese servicio público, lo que provocó la reducción de la cantidad de camiones que dan el servicio a miles de personas que necesitan transportarse a sus empleos o centros educativos.

Eso, a pesar de que en el pasado sexenio se había recomendado la revisión de las tarifas. Ni el anterior Gobierno ni el actual han aceptado la modificación de la misma. La razón, dicen, es que primero se debe reestructurar ese servicio público. En los servicios públicos, las tarifas se definen por el Gobierno que otorga la concesión para ofrecerlos.

Al terminar la pandemia, aumentaron los usuarios, pero no las unidades destinadas a ese servicio. Eso colapsó el sistema de transporte en perjuicio de miles de habitantes. Ahora están en activo la mitad de unidades que antes de la pandemia, lo que provoca largos retrasos y grandes aglomeraciones.

La caída en el número de unidades provoca que algunos usuarios, con grandes sacrificios, adquieran autos particulares, complicando el tráfico citadino. En los demás, provoca ausencias en el trabajo, desgaste físico de los usuarios y deserción escolar de muchos jóvenes.

Hace unos días, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio a conocer que los mexicanos son los que más horas...

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