Sergio Elías Gutiérrez / Afirmativa ficta

AutorSergio Elías Gutiérrez

Hace mucho que Monterrey dejó de ser la ciudad industrial que fue. Ahora sus principales actividades se encuentran en el sector terciario de la economía: comercio, servicios, turismo, banca y finanzas, y hasta espectáculos masivos.

En el siglo pasado, la Ciudad se caracterizó por ser sede de importantes industrias: tuvo a la primera siderúrgica de América Latina y a una de las mayores productoras de cerveza, y todo lo relacionado con esa industria. Fue pionera en la producción de cemento y en muchos otros campos.

También a mediados del siglo pasado la urbe se desbordó hacia los municipios aledaños, San Nicolás, receptor de industrias, y después Guadalupe como dormitorio.

A partir de 1994, con el TLC, aumentó la inversión extranjera hacia otros municipios como Apodaca, Santa Catarina y García. Monterrey seguía siendo el centro del área metropolitana. En ese entonces, el control principal del desarrollo urbano lo tenía el Gobierno estatal, con participación de los municipios.

Por la reforma a la Constitución en 1983, se señalaron como servicios reservados a los municipios el agua potable, el manejo y la disposición de los desechos sólidos, el transporte y otros.

Otra reforma constitucional en 1999 amplió las competencias municipales, en particular las facultades relativas a la regulación del desarrollo urbano, que compartían con las autoridades estatales.

Ahora la Fracción V del Artículo 115 señala que son facultades exclusivas de los municipios las relativas al desarrollo urbano. Formular y aprobar los planes de zonificación y desarrollo urbano; autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo; y otorgar licencias y permisos para construcciones, entre otras.

La misma Constitución señala que los municipios pueden expedir reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarias. Las reglas en esta materia son claras hasta donde esto es posible, pero con frecuencia se aplican con amplia discrecionalidad por los funcionarios municipales, muchos de ellos sin experiencia y para cuando aprenden, ya se les acabó el veinte.

Esto produce dilación en el otorgamiento de los permisos urbanísticos, lo que provoca pérdidas en esa actividad, que es ahora una de las más pujantes en el Estado.

Esto porque la apertura a la inversión extranjera provocó que muchas empresas regiomontanas pasaran a manos de extranjeros, y así, los desplazados se dedicaron a la actividad inmobiliaria, construir fraccionamientos, edificios de departamentos, centros...

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