Sergio Aguayo Quezada / 158 mil millones
| Autor | Sergio Aguayo Quezada |
A la memoria del gran historiador Friedrich Katz.
Ése fue el dinero público dedicado, entre el 2000 y el 2009, a subsidiar partidos, organizar elecciones y pagar tribunales especializados. ¿Se justifica?
En 2003 me puse a estudiar qué le había pasado a la democracia. Encontré que el dinero no hizo representativos a los partidos ni les dio confiabilidad a elecciones competidas, como las de 2006 (la respuesta completa aparece en Vuelta en U). Estamos frente a un festival de desperdicio, un subsidio a la mediocridad.
Partidos. Ernesto Zedillo, entre otros, se equivocaron al dar tanto dinero público a los partidos. En la década mencionada la Federación y los estados les entregaron 50 mil 809 millones; se les ablandó la fibra ética y eso ha tenido consecuencias: su relación con el electorado pobre se basa en la entrega de regalos; los medios de comunicación los tratan como un hato de mansas vacas lecheras; su vida interna se ha distorsionado porque los militantes fueron sustituidos por los cazadores de puestos y presupuestos; y se empobrece la vida pública porque han ido llenando los cargos públicos (extraordinariamente bien pagados) con cuadros mal formados.
Los institutos electorales. En la primera década de este siglo el Instituto Federal Electoral (IFE) y los organismos de los 32 estados recibieron 88 mil 261 millones de pesos. Pese a ello, no han podido dar certidumbre a elecciones competidas, como las del 2006. Quien fuera presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, favoreció a Felipe Calderón, y el Consejo General fue incapaz de contener las irregularidades que mancharon esa elección. El modelo ha seguido reproduciéndose en los estados.
Los tribunales electorales se gastaron 17 mil millones entre el año 2000 y el 2009. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fue incapaz de responder a las exigencias de la elección de 2006. Calificaron de ilegal la frase que declaró a Andrés Manuel López Obrador como "un peligro para México", concluyeron que el Consejo Coordinador Empresarial violó la ley y que el presidente Vicente Fox puso en riesgo la validez de la elección, pero luego se acobardaron. Dice el Comité Conciudadano que, ante la imposibilidad de medir el efecto de las ilegalidades, el Tribunal decidió desecharlas porque "a su entender el efecto no había sido determinante para la elección. Sin embargo, el TEPJF no estableció regla, referente o parámetro alguno para decidir cuándo una violación a un principio...
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