Sergio Aguayo Quezada / Majaderías
| Autor | Sergio Aguayo Quezada |
Se invita a la sociedad a participar en los asuntos públicos, pero es frecuente que quienes gobiernan se enojen cuando ésta busca influir. Es un forcejeo inevitable que enmarca una resolución de la Suprema Corte.
Los orfebres del autoritarismo eran geniales a la hora de simular el cambio, y entre sus mejores acciones estuvo la promesa de consultar a la sociedad ocasional o permanentemente. Con la alternancia se ha mantenido una pauta: la apertura depende de la disposición de cada gobernante. En nuestra cultura política todavía es poco aceptada la participación, y el nombramiento de los titulares de los organismos públicos de derechos humanos es un clarísimo ejemplo de cómo ignoran, gobernantes y partidos, la opinión de la sociedad y de sus organismos. Se trata de una situación negativa que empobrece la vida pública porque la cerrazón ahuyenta candidatos y, en ocasiones, lastima la legitimidad del elegido.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es un caso paradigmático de lo que sucede por todo el país. Esa institución tan estratégica fue creada hace 15 años por Carlos Salinas, que limitó sus atribuciones y los resquicios para la participación social. Esto ha ido cambiando y el artículo 10 de la ley de la CNDH dice que, para nombrar al presidente de ese organismo, la Comisión de Derechos Humanos del Senado debe hacer una "amplia auscultación" entre organismos civiles "representativos de la sociedad" para "con [esa] base" presentar una terna ante el pleno que toma la decisión. En el otoño del 2004 el Senado ratificó para un segundo término a José Luis Soberanes como presidente de la CNDH, pero un sector de la sociedad y de la opinión pública se quedó con la certidumbre de que el Senado procedió con opacidad y cerrazón. Vinieron los desplegados y las críticas de rigor que, como siempre, sirvieron de muy poco ante la indiferencia de la mayoría de senadores.
Como podía anticiparse el comportamiento del Senado, Fundar, Centro de Análisis e Investigación (cuyo consejo actualmente presido), había estado discutiendo cómo lograr que se respetara la participación social. La vía jurídica era una alternativa complicada por los costos de contratación de un bufete establecido. En ese momento llegaron dos jóvenes abogados (Luis Miguel Cano y Graciela Rodríguez) que se habían especializado en España en derechos humanos pero no encontraban acomodo en México y que se encargaron de armar la estrategia legal.
Cuando concluyó la ratificación del...
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