Sergio Aguayo Quezada / Carta de general
| Autor | Sergio Aguayo Quezada |
La carta del general divisionario Sergio Aponte Polito al procurador de Baja California, Rommel Moreño Manjarrez, es un tapabocas, una confirmación del poder alcanzado por el narco y por el Ejército, y un recordatorio de algunos pendientotes.
El procurador bajacaliforniano había pedido pruebas sobre la corrupción de las policías estatales y el general se las dio en una carta publicada el 22 de abril. Es un texto largo (3 mil 801 palabras) con los nombres de los mandos policiacos y judiciales asociados al crimen organizado. De confirmarse lo ahí dicho se entiende que el poder alcanzado por la delincuencia en Baja California se debe, en buena medida, a la infiltración que hizo en la política y el gobierno.
En un buen número de estados el narco ofrece dinero a candidatos a cargos de elección popular; quienes lo aceptan deben nombrar a gente cercana al narco para dirigir las corporaciones policiacas. En este terreno ha fracasado el Partido Acción Nacional que gobierna Baja California desde 1989. En la actualidad es una sociedad que vive atemorizada frente al caos y la anarquía en donde la esperanza se deposita en las decisiones individuales... y en los militares.
La carta ratifica el creciente poder de los militares. El general Aponte Polito reconoce que "constitucionalmente, la función de investigar los delitos, perseguir a los delincuentes y la de aportar pruebas para la consignación de los probables responsables, corresponde a otras instancias, principalmente a la que usted representa" (no olvidar que le escribe al procurador). Sin embargo, como los civiles no han cumplido con esa tarea, las Fuerzas Armadas han tomado el control de la guerra de tres maneras: haciendo funciones de policía, enviando a sus cuadros a dirigir corporaciones policiacas y estableciendo una relación de nuevo tipo con la sociedad.
En Baja California se confirma lo que las encuestas de opinión dicen: la ciudadanía desconfía de las policías y respeta al Ejército. Cuando los militares pidieron denuncias anónimas la ciudadanía les respondió. "Debido a la confianza que la sociedad le tiene al Ejército -escribe el general-, actualmente las unidades militares de la II región militar disponen, aproximadamente de 2000 denuncias ciudadanas".
La carta del general tiene otras facetas. Un soldado no puede hablar en público sin la autorización del secretario de la Defensa. Eso dice la ley, eso impone la tradición y eso hacen quienes viven en ese mundo jerárquico. Las excepciones...
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