Sergio Aguayo Quezada/ Las mujeres: ¿Doctora o señorita?
| Autor | Sergio Aguayo Quezada |
Las relaciones entre géneros andan agitadas, y con razón. La razón inmediata es una barbaridad perpetrada por diputados panistas en Guanajuato. La causa de fondo está en la discriminación y en los abusos cometidos cotidianamente contra las mujeres, y que se asientan en una cultura que tiene costumbres y leyes.
El aborto es una tragedia humana y un grave problema de salud pública que plantea dilemas religiosos y éticos que dividen y polarizan a la sociedad. En un lado están quienes lo condenan tajantemente por considerar que existe vida desde la concepción y que interrumpir el embarazo equivale al asesinato de un ser indefenso. En el otro están quienes defienden el derecho de las mujeres a decidir sobre este tema y que consideran que se justifica en casos como el de una violación (ésta es mi posición). Son posiciones tan irreconciliables que hasta han inhibido la elaboración de investigaciones que expliquen con datos duros la magnitud del fenómeno. Sobre el aborto abunda la pasión y falta la información.
Es un tema tan difícil de abordar que todo el que puede le saca la vuelta. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, a través de su titular, José Luis Soberanes, se abstiene de opinar argumentando que hacerlo sería profundizar en la división social y porque, en el último de los casos, corresponde a los legisladores decidir sobre el asunto. Estos, por supuesto, no han dado señales de querer incluirlo en la agenda parlamentaria. Incluso el Partido de la Revolución Democrática optó por la olímpica indiferencia cuando tuvo la posibilidad de impulsar, al menos, una discusión en el Distrito Federal.
La polarización llevó a una especie de tregua que no satisface, pero tampoco ofende a ninguna de las partes. El aborto está incluido en el Código Penal, sí, pero no se persigue en situaciones excepcionales. Desde 1931 el Código Penal del Distrito Federal autorizó el aborto cuando hubiera una violación, criterio adoptado por las otras entidades. Aunque esté penalizado, no se persigue con empeño a quien lo practica y, como me señala en conversación el jurista Miguel Sarre, uno de los mejores indicadores de esta tolerancia está en las escasísimas demandas penales elevadas contra quienes cometen el delito.
Su ilegalidad no impide que se practique en centenares de miles de ocasiones cada año (aunque las estadísticas y encuestas no son confiables, la principal razón por la que se hace es, al parecer, económica). Frecuentemente se hace en...
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