Sergio Aguayo / Miopía estratégica
| Autor | Sergio Aguayo |
Una razón del incendio guerrerense es que la estrategia gubernamental sirve para capturar capos y fragmentar bandas pero ignora la vulnerabilidad extrema de los Gobiernos locales, inermes ante los depredadores.
El Presidente Enrique Peña Nieto calificó los hechos en Iguala de "indignantes, dolorosos e inaceptables", se pronunció contra la impunidad y declaró solemne haber "girado [instrucciones] a los integrantes del Gabinete de Seguridad para que aceleren sus trabajos". Le faltó decir que es urgente revisar las estrategias seguidas; sobre todo cuando son tan obvias las diferencias entre Chilpancingo y Nueva York.
Nuestro Gobierno se equivoca imitando acríticamente a Estados Unidos, país que pregona la tesis de la fragmentación de las bandas criminales. En 1970 aprobaron la ley RICO y con ella se lanzaron contra las dirigencias de la Cosa Nostra contando, para ello, con la colaboración de gobiernos locales; la ciudad de Nueva York fue una gran protagonista en la persecución y captura de los dones. En México los Gobiernos estatales y municipales evitan, si pueden, la confrontación de los criminales y por eso el Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, dejó escapar a la pareja de asesinos que controlaba Iguala (el Góber inepto debería ir a prisión por cómplice).
Enrique Peña Nieto ha respetado la estrategia heredada de fragmentar las bandas criminales mexicanas (bancrimex) atacando a los capos. En su último informe de Gobierno presumió la captura de 84 de los 122 delincuentes más buscados y el 1 de octubre fuerzas federales detuvieron a Héctor Beltrán Leyva, cuya banda, según un documento de la PGR del 10 de septiembre se fragmentó en ocho pedazos, uno de los cuales, los Guerreros Unidos, masacró y desapareció a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa.
La inteligencia del Estado mexicano ha sido incapaz de meter en la agenda de riesgos el drama que viven los Municipios mexicanos. El 12 de octubre Guillermo Trejo abordó el tema en un texto publicado en El País ("¿Por qué el crimen organizado atenta contra la sociedad civil en México?"). Trejo concluye que uno de los "grandes objetivos [del crimen organizado es] la toma del poder local [...] para extraer la riqueza local a través de la tributación forzada". En Michoacán se apropiaban de "30% del presupuesto anual de obra pública de los municipios", imponían constructoras, descontaban 20% de la nómina burocrática y obtenían información para extorsionar a las empresas...
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