Sergio Aguayo / Más del 20...
| Autor | Sergio Aguayo |
La violencia afectó a una quinta parte de las secciones electorales. ¿Qué hicieron o qué dejaron de hacer el gobierno, los partidos y las autoridades electorales?
Nuestras elecciones son tridimensionales. Una parte es pulcra y presumible. En la segunda están los tianguis de la democracia pirata, donde los pobres mercadean su voto. En la tercera los capos deciden por quién se vota. Un estudio serio e impactante, hecho por el Instituto Federal Electoral (IFE) en 2012 (citado al calce) lo determinó así. Si en 2009 hubo 1,609 secciones electorales "con problemáticas de alta inseguridad"; en 2012 aumentó a 4,528 secciones o un 20% del total. Sostengo, como hipótesis, que en 2013 se superó esa cifra, porque hay consenso entre observadores, que fueron las elecciones más afectadas por la violencia.
Nos movemos con estimaciones porque ninguna autoridad está midiendo lo que pasa. Los comentarios de las últimas semanas se basan en conteos hechos por periodistas que toman como fuente las notas de medios locales. Hasta ahora el gobierno de Enrique Peña Nieto sigue sin corregir el hábito calderonista de ignorar la información sobre las consecuencias nocivas de la violencia.
Los partidos tampoco se preocuparon por aclarar lo que pasaba. En el Pacto por México dejaron fuera al binomio violencia y elecciones y en la irrelevante Adenda meten el asunto en las llamadas Comisiones plurales. Al final del ciclo electoral se bifurcó el discurso de las cúpulas: el tricolor propalaba un panorama idílico, las dirigencias del PAN y el PRD deambulaban como plañideras ("está de la chingada" soltó un descompuesto Gustavo Madero) y hasta pidieron la intervención del Ejército.
Quienes se llevan los laureles de la irresponsabilidad son los institutos electorales de los estados. En las 14 páginas de estas dependencias (dejé fuera Sonora) no aparece información o protocolos sobre la violencia que minimizaron en sus declaraciones a los medios. También en eso Tamaulipas es un caso extremo. Gustavo Castillo y Martín Sánchez de La Jornada le preguntaron al presidente del instituto local, José Luis Navarro Cantú, si no le preocupaba que le hubieran renunciado 500 funcionarios de casilla por presuntas amenazas. Respondió con un frívolo "si los 21 mil 500 [funcionarios] deciden no participar, no pasa nada, simplemente se sustituyen". No sorprende entonces que, según Parametría, entre 2007 y 2013 aumentara en seis puntos la desconfianza hacia los institutos locales.
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