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Sergio Aguayo / Las justicieras

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AutorSergio Aguayo

Para Carmen Aristegui y Proceso.

Doscientas cuarenta mil hojas, de ese tamaño es el expediente sobre la masacre de 196 personas en San Fernando, Tamaulipas. La lucha de una década por esclarecer lo sucedido exhibe las opacidades oficiales y los riesgos para las familias de las víctimas y de quienes las defienden.

Desde que en 2011 se diera a conocer la existencia de las fosas de San Fernando, Ana Lorena Delgadillo, Marcela Turati y Mercedes Doretti (abogada, periodista y antropóloga forense) se unieron para investigarlas. La semana pasada informaron que, en 2015, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR las acusó a ellas y a familiares de siete víctimas de ¡"secuestro y delincuencia organizada"!

Con esa base, la SEIDO pidió a las compañías telefónicas acceso a todas las llamadas y mensajes que hicieron, familiares y representantes, entre febrero de 2015 y abril de 2016. Luego pidió a la policía federal que hiciera cruces y análisis de sus movimientos y contactos. La aberración demuestra la ferocidad de la batalla por la información. La PGR y la FGR hicieron hasta lo imposible por mantener ocultos unos legajos indispensables para acercarse a la verdad y procurar justicia, reparaciones y garantías de no repetición.

Así pues, la SEIDO defendió a la red de impunidad y corrupción formada por criminales y funcionarios públicos. La abogada, la periodista y la antropóloga armaron una red por la verdad y la justicia integrada por familiares de víctimas, defensores de derechos humanos, medios de comunicación y algunos funcionarios. Las justicieras y sus organizaciones también han contado con los recursos y aportaciones de personas y fundaciones nacionales y extranjeras. La Fundación Ford -representada entonces en México por Mario Bronfman- otorgó los primeros recursos para investigar una matanza hecha en México con armas estadounidenses.

Con la respuesta del Estado mexicano podría urdirse un tapiz sobre la esquizofrenia. La Suprema Corte ordenó a la FGR entregar copia de los 272 tomos y 57 anexos a dos familiares de víctimas y a la OSC que preside Delgadillo. La 4T ha tenido un comportamiento desigual. Cuando informaron la semana pasada de las acusaciones hechas por la SEIDO, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Gobernación les concedió rápidamente medidas de protección.

La Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz...

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