Sergio Aguayo / La añoranza
| Autor | Sergio Aguayo |
Triste, dedico el texto
a fray Miguel Concha. QEPD.
El Ejército se aferra a la añoranza de los tiempos en los cuales podía controlar los flujos de información.
El impulso afloró con la detención de Ovidio Guzmán. En la versión de los militares fue una operación exclusiva del Ejército. Es indudable su protagonismo y los buenos resultados de la operación, pero resulta contraproducente colgarse las medallas porque ha salido evidencia de la participación del Centro Nacional de Inteligencia, de la Marina y de Estados Unidos a través, por ejemplo, del Centro Regional de Fusión de Inteligencia región Pacífico y del Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC).
Hay asuntos más trascendentes en los cuales el acaparamiento de la información tiene consecuencias graves. La infiltración criminal en el Ejército, por ejemplo. Cuando hay escándalos por militares protectores de criminales, la respuesta institucional es que se trata de individuos y no de la institución. Mi impresión es que el grueso del Ejército es honorable, pero dentro de ese sistema hay una veta de apoyo sistémico a la delincuencia. Lo verdaderamente grave es que en lugar de castigarlos se les encubre. Doy ejemplos.
En mis investigaciones sobre la historia del crimen organizado en México y Estados Unidos, encontré en los archivos de los servicios de inteligencia civiles que, a principios de los años setenta, los comandantes de las zonas militares en Chilpancingo, Chihuahua, Guadalajara y Monterrey (la lista podría crecer) organizaron escuadrones de delincuentes para ejecutar guerrilleros, extorsionar a narcotraficantes y enriquecerse.
El caso mejor documentado es el del general de división Federico Amaya Rodríguez, quien fue comandante de la XV Zona Militar en Guadalajara entre 1972 y 1976. De acuerdo con informes muy precisos de la Dirección Federal de Seguridad, entre marzo de 1972 y julio de 1974, controló a una banda criminal que aterrorizó a la ciudad con asesinatos, secuestros y extorsiones mientras vendía drogas en la universidad local. Las ganancias obtenidas se las repartían el general y los delincuentes. Pese a la gravedad del caso, el presidente Luis Echeverría sólo ordenó la detención de los delincuentes, pero protegió al general Amaya haciéndolo senador por Nuevo León en 1976.
La impunidad incluía el lavado de expedientes. Gracias al INAI y a un forcejeo legal que duró más de un año -y en el cual colaboró Anuar Ortega-, obtuve el expediente personal del general...
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