Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SUP-ASA-0001-2021-Inc1), 2021
| Número de expediente | SUP-ASA-0001-2021 |
| Fecha | 22 Septiembre 2021 |
| Tribunal de Origen | COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN |
| Emisor | Sala Superior (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México) |
INCIDENTE DE EXCUSA
APELACIÓN POR IMPOSICIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS
EXPEDIENTE: SUP-ASA-1/2021
RECURRENTE: reto industrial, s.a. de c.v.[1]
autoridad RESPONSABLE: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN[2]
MAGISTRADA PONENTE: J.M.O.M.
SECRETARIO: ALEJANDRO OLVERA ACEVEDO
Ciudad de México, a veintidós de septiembre de dos mil veintiuno.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dicta sentencia interlocutoria, mediante la cual determina que es fundada la excusa planteada por el magistrado J.L.V.V., para conocer y resolver la apelación por imposición de sanciones administrativas SUP-ASA-1/2021.
ANTECEDENTES
1. Resolución impugnada. En sesión ordinaria de veintiocho de enero de dos mil veintiuno[3], la Comisión de Administración aprobó la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa, mediante la cual se determinó que la denunciada, Reto Industrial, modificó los estados financieros del ejercicio 2016, presentados en el procedimiento de licitación pública, documentación alterada con la finalidad de cumplir los requisitos establecidos en las Bases de dicha licitación, por lo que se le impusieron las siguientes sanciones:
- Inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por el plazo de tres años, siete meses, y cuatro días.
- Sanción económica por la cantidad de $349,530.49 (trescientos cuarenta y nueve mil quinientos treinta pesos 49/100 M.N.)
2. Apelación por imposición de sanciones administrativas. El siete de julio, la parte recurrente presentó demanda en contra de la determinación citada, en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional.
3. Integración y turno. Recibidas las constancias, la presidencia de esta Sala Superior ordenó integrar el expediente SUP-ASA-1/2021 y turnarlo a la ponencia de la magistrada J.M.O.M. para su sustanciación.
4. Planteamiento de excusa. El veinte de septiembre, el magistrado J.L.V.V. presentó escrito por el cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 202 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación[4], somete a consideración del Pleno de este órgano jurisdiccional excusa por impedimento legal para conocer y resolver el recurso de apelación administrativa interpuesto por Reto Industrial, a fin de impugnar la resolución emitida por la Comisión de Administración en el procedimiento de responsabilidad administrativa TEPJF-CI-USR-PARA-3/2019.
5. Turno. Mediante acuerdo de la misma fecha, el magistrado Presidente de esta Sala Superior ordenó la integración del cuaderno incidental y se turnó a la ponencia de la magistrada J.M.O.M., donde se radicó.
RAZONES Y FUNDAMENTOS
El citado supuesto procesal, se materializa en el caso, en virtud de que este órgano jurisdiccional debe determinar lo relativo al planteamiento de excusa formulado por el magistrado J.L.V.V.; de manera que no se trata de un acuerdo de mero trámite, sino de una decisión que expresamente corresponde a este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 169, fracción XII, de la Ley Orgánica[6].
Así, esta Sala Superior es competente para resolver y conocer sobre el planteamiento de excusa, en tanto la materia de análisis constituye un aspecto que implica una modificación en la sustanciación del procedimiento ordinario[7].
SEGUNDA. Planteamiento de la excusa. El veinte de septiembre, el magistrado J.L.V.V. presentó escrito por el cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 202 de la Ley Orgánica[8], somete a consideración del Pleno de este órgano jurisdiccional excusa por impedimento legal para conocer y resolver el recurso de apelación administrativa interpuesto por Reto Industrial, a fin de impugnar la sentencia emitida por la Comisión de Administración en el procedimiento de responsabilidad administrativa TEPJF-CI-USR-PARA-3/2019.
1. Decisión
En atención a la solicitud de excusa formulada por el magistrado J.L.V.V., se considera que está impedido para conocer y resolver sobre de la apelación indicada al rubro, en atención a que tal y como lo hace valer, participó como integrante de la Comisión de Administración que emitió la resolución recurrida ante esta instancia, ello atendiendo a lo dispuesto por los artículos 201, párrafo primero, en relación con el 126, fracciones XVI y XVIII, de la Ley Orgánica.
2. Explicación jurídica
Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
Al emitir diversas sentencias, este órgano jurisdiccional ha tenido en consideración[9] que es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación[10] que en esta porción normativa se prevé el derecho fundamental de acceso a la justicia, el cual consiste en la posibilidad real y efectiva que tienen en su favor las y los gobernados de acudir ante los tribunales a dilucidar sus pretensiones, aunado al correlativo deber jurídico de éstos de tramitarlas y resolverlas en los términos fijados por las leyes relativas.
Asimismo, que el principio de imparcialidad que consagra dicho precepto constitucional es una condición esencial que debe revestir a las y los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, que se traduce en el deber de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia, así como de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a alguna de ellas.[11]
Así, la imparcialidad judicial puede entenderse como la ausencia de cualquier elemento subjetivo u objetivo que implique la posibilidad de que la o el juez, en el desempeño de su función anteponga o sea proclive al interés particular de una de las partes.
Así, para garantizar que las personas que ejercen la función jurisdiccional sean imparciales en relación con el conflicto que se somete a su potestad jurisdiccional, los sistemas procesales contemporáneos suelen prever una serie de supuestos en los que éstas se pudieran encontrar (causas de impedimentos), y que se caracterizan por describir situaciones que razonablemente pudieran poner en duda la capacidad para juzgar el conflicto sin favoritismos.
En este sentido, las causas de impedimento buscan garantizar que las decisiones judiciales sean el producto de la aplicación objetiva del Derecho, y no provengan de un ánimo de beneficiar algún interés en específico vinculado con el pleito sometido a la jurisdicción del órgano, o de cualquier otra causa ajena al sistema jurídico, aunque resulta oportuno señalar que el hecho de que se actualice alguna de las causa de impedimento no implica que la juzgadora o el juzgador será necesariamente parcial al conocer de la causa, esto es, al existir posibilidad de serlo se genera un motivo suficiente para excluirlo del conocimiento del caso, a efecto de tutelar el derecho de las partes a ser juzgadas por un órgano jurisdiccional...
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