Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SUP-JDC-1330-2019), 2019
| Fecha | 09 Octubre 2019 |
| Número de expediente | SUP-JDC-1330-2019 |
| Tipo de proceso | Juicio para la protección de los derechos jurídico electorales |
| Tribunal de Origen | JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA |
| Emisor | Sala Superior (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México) |
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO
EXPEDIENTE: SUP-JDC-1330/2019
ACTOR: HERTINO AVILÉS ALBAVERA
AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
MAGISTRADO PONENTE: INDALFER INFANTE GONZALES
SECRETARIO: C.A.C.E.
COLABORÓ: O.E.A.H. OCHOA
Ciudad de México, nueve de octubre de dos mil diecinueve.
V I S T O S, para resolver los autos del juicio al rubro indicado, promovido por H.A.A., quien se ostenta como aspirante para ocupar el cargo de Magistrado electoral local, a fin de impugnar el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que remitió a la Comisión de Justicia, ambas del Senado de la República, los expedientes de las y los candidatos a ocupar las M.s de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, que cumplieron con los requisitos para ello.
R E S U L T A N D O
I. Antecedentes. De la narración de hechos que el actor expone en su demanda, así como de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:
1. Emisión de la Convocatoria. El diez de septiembre de dos mil diecinueve, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República emitió la Convocatoria para ocupar las magistraturas electorales locales en diversas entidades federativas, entre ellas el Estado de Morelos.
En dicha Convocatoria se estableció como plazo para el registro de aspirantes, el comprendido del diecisiete al veinte de septiembre del año en curso, en un horario de las ocho a las diecisiete horas (tiempo del centro de México); registro que debían realizar mediante la página electrónica del Senado de la República.
2. Registro de aspirantes. Dentro del plazo para el efecto, el actor realizó su registro.
3. Notificación de inconsistencias. El veinte de septiembre del año en curso, a las dieciséis horas con once minutos, la Junta de Coordinación Política del Senado notificó al accionante por correo electrónico que su registro presentaba inconsistencias.
Al respecto, el actor afirma haber subsanado tales inconsistencias dentro del horario establecido para ello, a través del portal implementado por el Senado de la República.
4. Acuerdo impugnado. El veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República emitió el acuerdo por el que remitió a la Comisión de Justicia los expedientes de las y los aspirantes para ocupar las M.s electorales locales, que cumplieron con los requisitos para ello.
En dicho acuerdo no se encuentra el nombre del actor, por lo que endereza la presente impugnación en su contra.
II. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
1. Demanda. El cuatro de octubre de dos mil diecinueve, el ahora actor acudió directamente a la Oficialía de Partes de la S. Superior, para presentar escrito por el que promovió juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, a fin de impugnar, entre otras cuestiones, el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República por el que remite a la Comisión de Justicia los expedientes de los candidatos a ocupar el cargo de Magistrada o Magistrado de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral.
2. Turno y trámite. Ese mismo día, el Magistrado Presidente de la S. Superior ordenó integrar el expediente identificado con la clave SUP-JDC-1330/2019, y turnarlo a la Ponencia del Magistrado I.I.G., para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de M. de Impugnación en Materia Electoral.
De igual forma, ordenó a la autoridad responsable realizar el trámite del juicio, previsto en los artículos 17 y 18 de la invocada Ley adjetiva federal.
3. Sustanciación. En su oportunidad, el Magistrado instructor acordó la radicación del presente juicio ciudadano; admitió a trámite la demanda y, al estar debidamente integrado el expediente, declaró cerrada la instrucción, quedando en estado de dictar sentencia.
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Competencia.
La S. Superior es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, en términos de los artículos 35, fracción II; 41, párrafo segundo, B.V.; y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso c); y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 79; 80, párrafo 1, inciso f); y 83, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de M. de Impugnación en Materia Electoral, porque el actor controvierte un acto relacionado con el procedimiento para la designación de Magistradas y M. de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, lo cual pudiera incidir en su derecho político-electoral a la integración de la autoridad jurisdiccional electoral de la entidad federativa por la que pretende participar.
Lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado en la jurisprudencia 3/2009, de este órgano jurisdiccional, de rubro: “COMPETENCIA. CORRESPONDE A LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES RELACIONADAS CON LA INTEGRACIÓN DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.”[1]
SEGUNDO. Procedencia del medio de impugnación.
El juicio ciudadano reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8; 9; párrafo 1; 10; 79 y 83, párrafo 1, inciso a), todos de la Ley General del Sistema de M. de Impugnación en Materia Electoral, como se explica:
a) Forma. La demanda se presentó por escrito y en ella se: 1) precisa el nombre del actor; 2) señala domicilio para oír y recibir notificaciones; 3) identifica el acto impugnado; 4) menciona a la autoridad responsable; 5) narra los hechos que sustentan su inconformidad; 6) expresa conceptos de agravio; 7) ofrece pruebas; y 8) asienta su nombre, firma autógrafa y calidad jurídica.
b) Oportunidad. El presente juicio fue promovido dentro del plazo de cuatro días previsto en el artículo 8, párrafo 1, de la invocada Ley de M. ya que, si bien el acto impugnado fue emitido el veinticinco de septiembre del año en curso, no existe constancia en el expediente con la que se pueda acreditar la fecha de su publicación, ni la responsable hizo manifestación alguna al respecto al rendir su informe circunstanciado, por lo que en una perspectiva favorable al promovente, se debe considerar que la demanda fue presentada en forma oportuna.
el actor manifiesta haber tenido conocimiento del acuerdo que impugna el treinta de septiembre del presente año, por lo que el plazo legal para impugnar transcurrió del martes uno al viernes cuatro de octubre del presente año.
De ahí que, si el escrito de demanda se presentó ante la Oficialía de Partes de esta S. Superior el cuatro de octubre, su promoción resulta oportuna.
c) Legitimación. Se satisface este requisito, pues el medio de impugnación se promueve por un ciudadano que se ostenta como aspirante para ocupar el cargo de Magistrada dentro del órgano jurisdiccional en materia electoral correspondiente al Estado de Morelos, en tanto controvierte actos de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República que considera afectan su derecho a integrar una autoridad jurisdiccional electoral local.
En este sentido, el actor se duele de haber sido excluido por la Junta de Coordinación Política responsable, del listado de aspirantes que cumplieron con los requisitos previstos en la Convocatoria atinente.
d) Interés jurídico. En el caso, la autoridad responsable plantea la improcedencia del presente juicio ciudadano, atento que, a su juicio, no existe una afectación al interés jurídico o legítimo de la promovente.
Se desestima la causal invocada por la Junta de Coordinación Política, en atención a lo siguiente:
Ha sido criterio de esta S. Superior que el interés jurídico existe cuando en la demanda se alega una vulneración a algún derecho sustancial del promovente, a la vez que se invoca la intervención del órgano jurisdiccional competente como necesaria y útil para lograr la reparación de esa violación; ello, a partir de la formulación de un planteamiento tendente a obtener el dictado de una sentencia que tenga el efecto de revocar o modificar el acto impugnado, lo cual debe producir la restitución al demandante en el goce de los derechos político-electorales presuntamente vulnerados.
Lo antedicho se encuentra recogido en la Jurisprudencia 7/2002, de rubro: “INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO.”
En el caso, de la lectura integral de la demanda se advierte que el accionante acusa una afectación a su derecho político-electoral de integración de autoridades jurisdiccionales en la materia, por lo cual acude a esta instancia jurisdiccional para que se repare la supuesta afectación provocada.
Es por...
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