Ejecutoria num. 4a./J. 46/94 de Suprema Corte de Justicia, Cuarta Sala

EmisorCuarta Sala
Número de Resolución4a./J. 46/94
MateriaSuprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación 1 de Noviembre de 1994

CONTRADICCION DE TESIS 6/93. ENTRE EL SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS DEL CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO

La denuncia de contradicción proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los preceptos citados en el considerando anterior, toda vez que la formuló el presidente de uno de los Tribunales Colegiados que sustenta tesis contradictoria, es decir, el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito.

TERCERO

El Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo número 104/91, consideró:

"CUARTO.-Son fundados los conceptos de violación que se hacen valer, atento a las siguientes consideraciones:

"Señala el quejoso que se violó en su perjuicio el contenido de los artículos 840, 841, 842 de la Ley Federal del Trabajo, ya que al pronunciar el laudo que se combate la Junta responsable actuó sin sujetarse a las normas procesales que la referida legislación señala, ya que fue omisa en otorgarle eficacia probatoria a la documental privada consistente en la comunicación de carta renuncia a sus labores por el actor, pues aunque quedó firme, no le otorgó valor y alcance jurídico que le corresponde, ya que por una parte le concede valor para justificar la renuncia voluntaria a su empleo y por el otro le niega eficacia para acreditar el pago de las prestaciones relativas a los salarios retenidos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, séptimos días y días festivos, estimando que dicha condena es injusta e infundada.

"Lo anterior se estima correcto por este tribunal, ya que efectivamente la autoridad responsable no le otorgó el valor y alcance jurídico que le corresponde a la documental privada consistente en la carta renuncia proveniente del actor. Lo anterior es así, ya que dicha instrumental, constante a foja 22 del juicio laboral señala en lo conducente lo siguiente: 'Asimismo para los efectos legales a que haya lugar, hago constar, mediante la presente, que durante el tiempo que laboré para usted, siempre me fueron cubiertas todas y cada una de las prestaciones laborales a que tuve derecho, tales como salarios que devengué, séptimos días, días festivos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, utilidades y cualquier otro concepto que me pudiera corresponder, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo o a mi contrato individual de una manera íntegra, oportuna constante, puntual, de entera conformidad y a mi absoluta satisfacción reconozco además que nunca laboré tiempo extra, pues mi jornada de trabajo siempre estuvo circunscrita a la legal, no habiéndola nunca rebasado, dado que mi horario de labores a su servicio era comprendido de las 8:00 a las 12:00 y de las 13:00 a las 17:00 horas, de lunes a sábado, descansando los días domingo de cada semana con goce de sueldo', otorgándole el finiquito más amplio que en derecho corresponda. En estas condiciones y si como se desprende del acto reclamado y lo apunta el amparista, la autoridad del trabajo le concedió eficacia jurídica plena a dicha instrumental para el efecto de tener por debidamente acreditados tanto el acto de renuncia al empleo que en forma voluntaria efectuó el ahora tercero perjudicado, como la legalidad del horario de trabajo al que estuvo circunscrito éste, en virtud de haberse estimado por el perito de la demandada y el tercero en discordia designados que las huellas que calzan dicho escrito sí habían sido estampadas por el accionante y porque dentro del mismo expresó que nunca había laborado tiempo extraordinario y que su jornada siempre estuvo circunscrita a la legal, obvio es que por las mismas razones debió tener por acreditado el pago del resto de los conceptos que en el citado documento precisó el entonces demandante, hasta el día en que presentó su renuncia (27 de abril de 1988), tales como salarios retenidos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, séptimos días y días festivos puesto que también señaló que todas estas prestaciones le fueron cubiertas de una manera íntegra, oportuna, constante, puntual, a su entera conformidad y a su absoluta satisfacción; máxime que dicha probanza, por su naturaleza por el hecho de encontrarse contenida en un mismo documento, no puede dividirse en la forma en que lo realizó la autoridad responsable, concediéndole valor para tener por cubiertos algunos conceptos y negándoselo para acreditar el cumplimiento de otros, sino que debe valorarse en su integridad y acorde al texto mismo de su contenido, el cual se traduce en un reconocimiento absoluto de parte del demandante en el sentido de que los conceptos que en el mismo señaló le fueron cubiertos en forma íntegra y puntual por parte de la negociación demandada. No constituye ningún obstáculo para lo anterior el hecho de que la autoridad del trabajo haya mencionado que dicha instrumental no sea el elemento idóneo para justificar los extremos señalados, puesto que su contenido lleva implícito el reconocimiento pleno y la aceptación total de que los conceptos debatidos le fueron cubiertos puntualmente y a su entera satisfacción, por lo que en estas condiciones y contrario a lo señalado por la responsable, no se requería de la documentación que refiere, como listas de raya, tarjetas de asistencia, nóminas o recibos propios que se estilan para que se tuviera por cierto y válido su contenido.

En las relacionadas consideraciones, y dado lo fundado de los argumentos hechos valer, lo que procede es conceder al quejoso al amparo y protección constitucional solicitado, a fin de que la responsable deje sin efectos el laudo impugnado en cuanto a los conceptos reclamados y sometidos a la consideración de este tribunal (salarios retenidos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, séptimos días y días festivos), y en su lugar dicte otro en el que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, absuelva a la parte demandada del pago de los mismos comprendiendo esta declaratoria de absolución hasta el día veintisiete de abril de mil novecientos ochenta y ocho, en que el trabajador renunció expresamente a sus labores.

Similares razonamientos se sostuvieron por dicho Tribunal Colegiado, al resolver los amparos directos números 137/91, 505/91 y 524/91, y fueron recogidos en la tesis jurisprudencial número IV.3o.J/21, publicada a fojas 60 y 61 de la Gaceta número 60 del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y dos, que dice:

CARTA RENUNCIA, DEBE VALORARSE EN SU INTEGRIDAD Y ACORDE AL TEXTO DE SU CONTENIDO.-Si la autoridad del trabajo le concedió eficacia jurídica plena a la carta renuncia del actor, para el efecto de tener por acreditados tanto el acto de renuncia al empleo, como la legalidad del horario, en virtud de haberse estimado por el perito que las huellas que calzan dicho escrito sí habían sido estampadas por el accionante, obvio es que por las mismas razones debió tener por acreditado el pago del resto de los conceptos que en el citado documento precisó el demandante, tales como salarios retenidos, vacaciones, aguinaldo, séptimos días, y días festivos, ya que estas prestaciones fueron cubiertas; además de que dicha probanza por su naturaleza y por el hecho de encontrarse contenida en un mismo documento no puede dividirse, concediéndole valor para tener cubiertos algunos conceptos y negándoselo para acreditar el cumplimiento de otros, sino que debe valorarse en su integridad y acorde al texto mismo de su contenido.

CUARTO

El Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo número 395/92, el diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y dos, consideró:

"CUARTO.-Son infundados los conceptos relacionados con la violación de normas del procedimiento laboral que se atribuye a la autoridad responsable.

"Del sumario se desprende que el quejoso demandó de la empresa tercero perjudicada la indemnización constitucional por despido injustificado, salarios caídos, séptimos días, días festivos, horas extras, así como el pago de trescientos cuarenta y dos mil pesos por concepto de hospedaje y alimentación, aduciendo que ingresó a trabajar para la demandada el veinte de enero de mil novecientos noventa y uno, percibiendo un salario diario de veintisiete mil quinientos pesos y con una jornada de trabajo de las siete a las diecinueve horas de lunes a sábado y que fue despedido injustificadamente, señalando que laboró tiempo extra a partir de las quince horas de momento a momento hasta las diecinueve horas (foja 60).

"La persona moral demandada, al producir su contestación negó el despido alegado, manifestando que el actor había renunciado voluntariamente el nueve de febrero de mil novecientos noventa y uno. Exhibió para tal efecto, en el período probatorio, un escrito de esa fecha a nombre del actor, en el que se hace constar que ingresó a trabajar para la demandada en la fecha indicada en su demanda, que el horario de trabajo comprendía de las ocho a las doce y de las trece a las diecisiete horas de lunes a sábado, que nunca trabajó tiempo extra, y que siempre le fue cubierto el salario, séptimos días, días festivos, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, y que no se le adeudaba nada por concepto de gastos de hospedaje y alimentación, renunciando voluntariamente en esa misma fecha, documento que obra en el sobre foliado con el número 142 del expediente laboral.

"La actora objetó el citado documento, ofreciendo para tal efecto la prueba pericial calígrafa, y desahogada que fue, el perito de su intención opinó que la firma que calza el citado documento no correspondía a ella; pero el perito de la demandada en su dictamen escrito señaló que aquella firma sí fue puesta del puño y letra del accionante, rindiendo el mismo en la audiencia de fecha diez de junio de mil novecientos noventa y uno, en la que estuvo presente el apoderado del quejoso (foja 242).

"Por escrito que presentara el diecisiete de junio de mil novecientos noventa y uno, el apoderado del ahora inconforme ofreció ante la Junta responsable la prueba pericial técnica mecanográfica, con el objeto de acreditar que el dictamen del perito de la demandada se elaboró en el despacho de los abogados de ésta, no siendo acordada favorablemente su petición por la Junta responsable (foja 246).

"Pues bien, la Junta responsable no violó el artículo 825, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, al desahogar la primera de las periciales apuntadas, pues aun cuando el perito de la demandada presentó su dictamen por escrito, eso no significa que lo rindiera fuera de la audiencia fijada para el desahogo de la prueba, y en dicha audiencia, en ningún momento se impidió al quejoso del derecho de preguntar al perito, sin haberlo hecho, a pesar de que estuvo presente su apoderado. Tampoco violó reglas del procedimiento el que no se hubiere admitido la prueba pericial a que se alude, pues el artículo 779 de la ley laboral otorga a las Juntas la facultad de desechar aquellas pruebas que sean inútiles o intrascendentes, cual es el caso, ya que a nada conduciría el que se acreditara con la citada prueba que el dictamen del perito de la demandada se elaboró en el despacho de los abogados de ésta, puesto que esa sola circunstancia es insuficiente para invalidar, por parcial, dicho dictamen, en tanto el perito de cualquiera de las partes tiene plena libertad de elaborar donde mejor le parezca su dictamen, aunque supeditado a que lo rinda en la audiencia respectiva, siendo lo que más le interesa para los efectos de su valoración los aspectos técnicos o científicos que le sirvan de apoyo, como en el caso, en que el peritaje de la demandada y el que a su vez rindiera el perito tercero en discordia coincidieron en que la firma sí fue puesta del puño y letra del accionante, y en base en tales dictámenes la Junta responsable desestimó el peritaje del nombrado por la actora porque se basaron en cuestiones de orden técnico y en razonamientos suficientes para concluir que el actor fue quien firmó aquella renuncia, determinación que se encuentra ajustada a derecho, al haber cumplido la Junta con la obligación constitucional del debido fundamento legal, al señalar también los motivos que la inclinaron a negarle eficacia al dictamen rendido por el perito de la parte actora, por lo que estuvo ajustada a derecho su decisión de absolver a la demandada del pago de la indemnización constitucional y de los salarios caídos.

"No se opone a lo anterior el hecho de que el perito tercero en discordia al rendir su dictamen (foja 252) no identifique correctamente las fojas que contienen las firmas indubitables, pues tal circunstancia no le resta valor probatorio a su dictamen, ya que si bien aquél alude a que comparó la firma objetada que obra en una comunicación de fecha nueve de febrero de mil novecientos noventa y uno, que se encuentra anexa en el interior del sobre amarillo foliado con el número 95, con las que aparecen en una ficha de identificación de la escritura anexada en la foja ciento tres, y que del análisis de las fojas invocadas no aparecen las firmas en mención, tal circunstancia debe entenderse como un error en la cita de dichos documentos, pues el único sobre que obra en el expediente es en el que se encuentra la renuncia imputada al trabajador, (foja 142) máxime que el perito indicó que tomó en consideración además de aquellas firmas todas las del actor que obran en las diversas actuaciones realizadas ante el tribunal del trabajo.

"Tampoco le asiste la razón al quejoso en cuanto alega que opera en su favor la presunción legal de que no es posible que un grupo de trabajadores en forma separada, en expedientes diferentes y que en distintos apoderados aleguen un despido injustificado y que la parte patronal alegue una renuncia voluntaria, ya que se trata de una afirmación que no encuentra sustento objetivo ni jurídico.

"En cambio, es fundado lo alegado por el quejoso en cuanto a la absolución que de las prestaciones accesorias reclamadas se hiciera a la demandada.

"Para absolver a la parte demandada del pago de séptimos días, días festivos, horas extras, gastos de hospedaje y alimentación, la Junta responsable se apoyó en el escrito de renuncia; sin embargo, la misma no es apta para acreditar que el patrón cumplió con la carga procesal que a su cargo corría conforme a lo dispuesto por el artículo 784, fracciones VIII y IX, de la invocada ley, pues si bien dicha documental adquirió pleno valor al acreditarse que la firma que la calza es del accionante, con la misma únicamente se demuestra la terminación de la relación de trabajo por renuncia del actor, pero de ninguna manera puede constituir un recibo finiquito liberatorio de las prestaciones a que se hace mención, puesto que no contiene las cantidades que por cada una de las prestaciones señaladas se pagaron al quejoso, ni puede ser demostrativa de que éste tenía el horario de trabajo que en él se señala, por no ser el medio idóneo para ello. Por ende, la demandada estaba obligada en términos del precepto legal invocado a demostrar el pago que dice había hecho de tales prestaciones por ser quien tiene los documentos idóneos para ese fin, máxime que del texto de aquellas renuncias se advierte que se concretan a señalar que no se les adeuda nada, por lo que siendo prestaciones secundarias, su pago debe constar expresamente, lo que no ocurrió, no pudiendo deducirse su pago, y al no entenderlo así la responsable, su actuación es violatoria de garantías en perjuicio del quejoso.

En estas condiciones, siendo el laudo combatido violatorio de garantías individuales, procede conceder al quejoso el amparo solicitado para el efecto de que la Junta responsable dicte un nuevo laudo en el que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, resuelva nuevamente lo procedente en relación al pago de séptimos días, días festivos, hora extras, gastos de hospedaje y alimentación reclamados por el actor.

Este criterio originó, con posterioridad, la integración de la jurisprudencia número IV.2o.J/18, publicada en la página 63, de la Gaceta número 59, noviembre de mil novecientos noventa y dos, que es como sigue:

RENUNCIA. ES INSUFICIENTE EL ESCRITO QUE CONTIENE LA, PARA ACREDITAR EL PAGO DE PRESTACIONES SECUNDARIAS RECLAMADAS.-El escrito de renuncia firmado por el trabajador, en el que se indica que mientras duró la relación laboral siempre se le cubrieron todas las prestaciones laborales, no es apto para acreditar los conceptos que se especifican en la renuncia como pagados, pues con tal documento únicamente se demuestra la terminación de la relación laboral por renuncia de la parte obrera, pero no puede constituir un recibo finiquito liberatorio de las prestaciones que comprenda, al no contener las cantidades que por cada una se pagaron al quejoso.

QUINTO

Existe la contradicción de tesis denunciada.

En efecto, de los asuntos relacionados se desprende que los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero del Cuarto Circuito se han pronunciado en torno a un mismo tema, referente a si el escrito de renuncia de un trabajador es suficiente para demostrar, además del acto mismo de la renuncia, el pago de prestaciones secundarias, llegando a conclusiones opuestas, pues el Segundo Tribunal Colegiado sostiene que dicha renuncia únicamente acredita la terminación de la relación de trabajo, pero de ninguna manera puede constituir un recibo finiquito liberatorio de las prestaciones a que se hace mención, al no contener las cantidades que por cada una de tales prestaciones se pagaron, ni puede ser demostrativa de que el trabajador tenía el horario de trabajo que se señala, por no ser el medio idóneo para ello; mientras que el otro órgano jurisdiccional afirma que la carta renuncia debe valorarse en su integridad y acorde al texto mismo de su contenido, de manera tal que no puede concedérsele valor para tener por cubiertos algunos conceptos y negárselo para acreditar el cumplimiento de otros, por lo que también es apta para probar el pago de las prestaciones que en el propio documento se consignan.

En las relacionadas condiciones queda configurada la presente contradicción de tesis.

Con objeto de resolver la contradicción planteada, se hace necesario, partir de que la misma se originó en la valoración probatoria que ambos Tribunales Colegiados hicieron -en cada caso-, de un documento que tiene un doble contenido: Por una parte, la renuncia del trabajador y, por la otra, una liquidación o recibo finiquito que tiene la finalidad de liberar a la parte patronal de toda responsabilidad derivada de la relación laboral que se termina con motivo de la renuncia.

Se impone, por tanto, examinar por separado cada uno de esos elementos -renuncia y liquidación-, para verificar si las disposiciones y principios que respectivamente los rigen permiten identificarlos como de la misma naturaleza jurídica, o no es así, para poder concluir si es válido dividir la valoración del documento, o éste debe apreciarse de modo indivisible.

Pues bien, por lo que se refiere a la renuncia, debe señalarse que sobre su naturaleza jurídica esta Cuarta Sala ha establecido diversos precedentes y jurisprudencias que revelan un cambio o evolución del criterio sobre el particular.

Así, durante la Sexta Epoca del Semanario Judicial de la Federación se inició la integración de la tesis jurisprudencial que en la Compilación de 1988, Segunda Parte, aparece con el número 1609, que establece lo siguiente:

RENUNCIA AL TRABAJO. ES NECESARIO QUE CONCURRA LA ACEPTACION DEL PATRON.-En los casos en que existe un contrato de trabajo que delimita derechos y deberes recíprocamente entre los contratantes, es indudable que para que la renuncia al trabajo no implique incumplimiento de sus obligaciones por parte del trabajador y traiga como consecuencia la actualización a su favor del derecho a percibir determinadas prestaciones establecidas en el contrato colectivo de trabajo correspondiente para esos casos, es indispensable que concurra la voluntad delpatrón aceptando esa renuncia, puesto que es lógico que la decisión unilateral del trabajador no puede crear las referidas obligaciones a cargo del patrón, ni libera por sí misma al trabajador de las responsabilidades en que pueda incurrir si de inmediato deja el trabajo.

Como se ve, el criterio contenido en esta tesis desconoce a la renuncia del trabajador el carácter de acto unilateral, puesto que sujeta su eficacia a la voluntad concurrente de la parte patronal y, obviamente, sienta las bases para que tal convención requiera la aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Este criterio, sin embargo, fue superado en una tesis jurisprudencial posterior formada dentro de la Séptima Epoca del Semanario Judicial de la Federación, que en la Compilación de 1988, Segunda Parte, se recoge con el número 1611, que dice:

RENUNCIA AL TRABAJO. PARA SU VALIDEZ NO SE REQUIERE DE APROBACION DE LA JUNTA.-Si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley Federal del Trabajo de mil novecientos treinta y uno, y su correlativo 33 de la ley actualmente en vigor, todo acto de liquidación o convenio celebrado entre el obrero y el patrón, para tener validez, debe ratificarse ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, no es menos cierto, sin embargo, que la renuncia al trabajo presentada por el trabajador no constituye un convenio o algún otro acto de aquéllos que conforme a la Ley Federal del Trabajo requieren para su validez hacerse ante la Junta y ser aprobados por ésta, sino que dicha renuncia constituye un acto unilateral del trabajador, que de ese modo decide poner fin a la relación de trabajo que lo ligaba con la empresa.

A partir de esta tesis, esta Suprema Corte ha venido reiterando tal criterio que implica el abandono del primeramente mencionado. Así se confirma, entre otras, con las siguientes tesis aisladas.

RENUNCIA AL TRABAJO. RETRACTACION DE LA.-La renuncia es un acto unilateral de voluntad del trabajador que extingue la relación laboral; por tanto, si dicho trabajador decide retractarse de ella, es necesario que concurra el consentimiento del patrón para que se reanude la relación de trabajo.

(Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Volumen 205-216, página 49)

RENUNCIA AL TRABAJO. RETRACTACION DE LA.-La renuncia es un acto unilateral de voluntad del trabajador que extingue la relación laboral; por tanto, si dicho trabajador decide retractarse de ella, es necesario que concurra el consentimiento del patrón para que se reanude la relación del trabajo.

(Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Volumen 217-228. página 48).

La Sala reitera este último criterio y declara que modifica el contenido en la tesis jurisprudencial 1069, en los términos del artículo 194 de la Ley de Amparo, por estimar que la consideración de la unilateralidad de la renuncia por parte del trabajador concuerda con el artículo 5o. constitucional, que establece como garantía individual que nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, de donde se deduce que basta la voluntad del trabajador para que opere la renuncia, sin que se requiera la aceptación del patrón, ni la intervención de la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Pasando ahora al examen de la liquidación o recibo finiquito, lo primero que se observa es que no va asociado necesariamente a la renuncia del trabajador, sino en general a todo acto de terminación de la relación laboral, como el convenio de las partes, la jubilación, la terminación de la obra, la rescisión, etcétera, teniendo por objeto fundamental hacer el ajuste final de los derechos y obligaciones de las partes de dicha relación.

Dicho objetivo fundamental deriva de los derechos que tanto la Constitución como la Ley Federal del Trabajo, establecen tutelarmente en beneficio del trabajador en múltiples materias, como salarios que correspondan a jornada ordinaria o extraordinaria, indemnizaciones, prima de antigüedad, vacaciones, aguinaldo, etcétera, además de los derechos que puedan provenir de las convenciones entre las partes.

Por su parte, el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, en su párrafo segundo dispone:

Artículo 33. ...Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él. Será ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores.

En íntima relación con tales preceptos, esta Cuarta Sala ha establecido en la tesis jurisprudencial 1563 (Compilación de 1988, Segunda Parte), lo siguiente:

RECIBO FINIQUITO LIBERATORIO. DEBEN ESPECIFICARSE CIRCUNSTANCIALMENTE LOS CONCEPTOS QUE COMPRENDA.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo de 1970, todo convenio o liquidación para ser válido deberá contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él; de manera que si en un finiquito liberatorio no se especifican circunstancialmente los conceptos y no se determinan el período ni las prestaciones a que los mismos corresponde, es obvio que no se cumplieron los requisitos a que se refiere el artículo 33 invocado.

En esas condiciones, cuando en contra de un patrón el trabajador demanda prestaciones derivadas de la relación laboral que implican la acción de nulidad de todos o algunos de los conceptos de la liquidación o recibo finiquito y el patrón se excepciona aduciendo que no se le adeuda cantidad alguna por concepto de las prestaciones que reclama, resulta claro que a él corresponde demostrar los extremos en que funda sus excepciones y defensas. Para ello, no basta que exhiba en juicio el correspondiente escrito de renuncia y liquidación si ésta no contiene una relación circunstanciada de los hechos que la motivan, de los derechos derivados de la relación laboral, de los períodos que comprenden, ni de las prestaciones que a los mismos corresponden, pues en tales condiciones ha de concluirse que no se cumplen los requisitos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, como tampoco se cumplen si aun reuniendo aquellas condiciones, la liquidación no fue ratificada ante la Junta de Conciliación y Arbitraje ni aprobada por ésta. Si el finiquito adolece de tales vicios u omisiones, el patrón tendrá que exhibir los comprobantes de pago relativos a las prestaciones que se le demandan, o bien, las pruebas necesarias para demostrar que el trabajador no tenía derecho al pago de tales prestaciones.

Por la importancia y trascendencia que reviste para determinar la conclusión en este asunto, se transcribirá la parte relativa de la exposición de motivos de la Ley Federal del Trabajo de mil novecientos setenta.

"El Derecho del Trabajo constituye una unidad indisoluble, pues todos sus principios e instituciones tienden a una misma función, que es la regulación armónica y justa de las relaciones entre el capital y el trabajo. Esta consideración condujo a la formulación de una sola ley que, al igual que su antecesora, abarcara todas las partes de que se compone el Derecho del Trabajo...

"Los artículos 21 a 32 reproducen, en términos generales, las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; únicamente se introdujeron cambios impuestos por la terminología unitaria adoptada en el proyecto y por la aceptación de la idea de la relación de trabajo. La doctrina y la jurisprudencia reconocen uniformemente que en los contratos de trabajo no puede incluirse ninguna cláusula que implique una renuncia de las normas que favorecen a los trabajadores, pero, en cambio, no existe un criterio firme respecto de la renuncia que puedan hacer los trabajadores de las prestaciones devengadas, tales como salarios por trabajos prestados o indemnizaciones por riesgos realizados. El artículo 33 decreta la nulidad de estas renuncias, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé, pues las mismas han sido uno de los procedimientos que permiten burlar los fines de la legislación del trabajo: si un trabajador pudiera renunciar cada semana a percibir parte del salario devengado, la legislación del trabajo resultaría inútil. Sin embargo, la nulidad de la renuncia no puede llevarse al extremo de prohibir los convenios y liquidaciones con los patrones, porque, si se llegara a ese extremo, resultaría que en todos los casos de divergencia sería indispensable acudir a las Juntas de Conciliación y Arbitraje para que decidieran la controversia; de ahí que el segundo párrafo del artículo 33 admita la validez de los convenios y liquidaciones, pero sujetos estos actos a dos requisitos: deberán hacerse por escrito, contener una relación circunstanciada de los hechos que motivaron el convenio o liquidación y de los derechos que queden comprendidos en él, y en segundo lugar, deberán ratificarse ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a la que corresponderá cuidar que el acto no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores...".

En las relatadas condiciones, el escrito de renuncia exhibido en juicio por el patrón, que contiene además una liquidación o recibo finiquito donde simplemente se asienta que el patrón no adeuda al trabajador cantidad alguna por las prestaciones devengadas por éste, con motivo de la relación de trabajo, que no generó dichas prestaciones, o cualquier redacción similar, puede ser eficaz para acreditar la renuncia en sí misma del trabajador, pero carece de valor probatorio pleno para demostrar los otros extremos apuntados, por lo que no releva a la parte patronal de las cargas probatorias que le impone la ley.

No es óbice para arribar a la conclusión anterior, lo aducido por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en el sentido de que la carta renuncia con las características y contenido especificados, por su naturaleza y por el hecho de encontrarse contenida en un mismo documento no puede dividirse, concediéndole valor para tener cubiertos algunos conceptos y negándoselo para acreditar el cumplimento de otros.

Lo inaceptable deriva de que, en el supuesto examinado, se trata de la prueba de distinta categoría de hechos que se plasman en el mismo documento, a saber: por un lado el acto mismo de renuncia del trabajador y, por el otro, el cumplimiento de las obligaciones del patrón, que se traducen en el efectivo pago de las prestaciones laborales, conceptos que tienen diferente naturaleza jurídica según ya se demostró.

Por tanto, aunque se trata de un solo documento, al contener diversos hechos que no son consecuencia o efecto del acto de renuncia, sino autónomos e independientes de él, requieren ser demostrados con los medios de prueba que reúnan las condiciones y exigencias requeridas para cada caso por la Ley Federal del Trabajo, como ya quedó explicado.

En las relacionadas condiciones, se concluye que debe prevalecer, en esencia, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo número 396/92, en los siguientes términos:

RENUNCIA. EFICACIA DEL ESCRITO DE, QUE CONTIENE ADEMAS UNA LIQUIDACION O RECIBO FINIQUITO DONDE SOLO SE ASIENTA QUE EL PATRON NO ADEUDA AL TRABAJADOR CANTIDAD ALGUNA POR LAS PRESTACIONES DEVENGADAS POR ESTE, QUE NO GENERO DICHAS PRESTACIONES, O CUALQUIER REDACCION SIMILAR.-El escrito de renuncia exhibido en juicio por el patrón, que contiene además una liquidación o recibo finiquito donde sólo se asienta que el patrón no adeuda al trabajador cantidad alguna por las prestaciones devengadas por éste con motivo de la relación de trabajo, que no generó dichas prestaciones, o cualquier redacción similar, puede ser eficaz para acreditar la renuncia en sí misma del trabajador, pero carece de valor probatorio pleno para demostrar los otros extremos apuntados, por lo que no releva a la parte patronal de las cargas probatorias que le impone la ley.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo,

se resuelve:

UNICO.-Debe prevalecer, en esencia, la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito al resolver el amparo directo número 396/92.

N.; remítase la tesis jurisprudencial al Pleno, a las S. y a los Tribunales Colegiados de Circuito que no intervinieron en la contradicción, así como al Semanario Judicial de la Federación y a su Gaceta, para su publicación; remítase copia de esta ejecutoria al Segundo y Tercer Tribunales Colegiados del Cuarto Circuito, de los que derivó la contradicción. En su oportunidad, archívese este toca.

Así por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros I.M.C., F.L.C., C.G.V., J.A.L.D. y J.D.R.; bajo la presidencia del primero de los nombrados, lo resolvió esta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo ponente el Ministro J.D.R.. Firman los CC. Presidente y Ponente y demás integrantes de la Sala; así como la secretaria de Acuerdos de la Sala que autoriza y da fe.

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