Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 10-12-2020 (REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA MATERIA DE UNA CONSULTA POPULAR CONVOCADA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN 2/2020)
| Sentido del fallo | 10/12/2020 “ÚNICO. Ha quedado sin materia la revisión de constitucionalidad de la materia de consulta popular a que este expediente se refiere”. |
| Tipo de Asunto | REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA MATERIA DE UNA CONSULTA POPULAR CONVOCADA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN |
| Número de expediente | 2/2020 |
| Emisor | PLENO |
| Fecha | 10 Diciembre 2020 |
REVISIÓN DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA MATERIA DE CONSULTA POPULAR 2/2020
PETICIONARIOS: ********** ********** ********** Y ********** ********** ********** **********.
ministro PONENTE: L.M.A. MORALES
SECRETARIO: LUIS ALBERTO TREJO OSORNIO
Visto bueno
señor Ministro
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diez de diciembre de dos mil veinte.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
Cotejó
-
PRIMERO. Petición de la consulta popular. Mediante escrito presentado el quince de septiembre de dos mil veinte, ante la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, ********** ********** ********** y ********** ********** ********** ********** —adjuntando las firmas de apoyo que estimaron suficientes para cumplir con el requisito exigido en el artículo 35 constitucional, consistente en demostrar el respaldo ciudadano de al menos el dos por ciento (2%) del listado nominal de electores— solicitaron la realización de una consulta popular cuyo propósito y trascendencia sustentaron en las siguientes consideraciones:
“Propósito de la consulta y trascendencia nacional
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como derecho de las y los ciudadanos votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, así como presentar solicitud de consulta popular para que el Congreso emita convocatoria previo a un procedimiento establecido.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos internacionales de los que México es parte, mencionan que todos los ciudadanos gozarán sin restricciones indebidas a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, así como a tener acceso en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
Formalmente, definimos a la Consulta Popular como el mecanismo de participación ciudadana que sirve para ejercer el derecho constitucional para votar en torno a temas de trascendencia nacional de manera que su voluntad, vinculante conforme dicte la ley, pueda incidir en el debate y las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado.
La ciudadanización de la toma de decisiones es uno de los elementos principales de la nueva vida pública en la que vivimos, una en la que no sólo demandamos tomar parte, sino que lo materializamos a través mecanismos de participación directa, como la consulta popular, el plebiscito o el referéndum.
Pobreza, devaluaciones, fraudes, desapariciones son sólo algunas de las más atroces situaciones por las que pasó México y su pueblo en, al menos, los últimos treinta y dos años; el clamor de justicia y el anhelo por cambiar esta realidad, se vieron reflejados el primero de julio del año 2018, cuando las y los ciudadanos acudieron a las urnas para cambiar, no sólo a las personas que dirigían el país sino que hubo una intención clara de modificar el engranaje institucional y a estas mismas de raíz.
A., Tlatlaya, la Guardería ABC, los fraudes electorales, la masacre a los jóvenes en Villas de Salvárcar en Chihuahua, las privatizaciones, la falsa guerra contra el narcotráfico que dejó a más de 200 mil víctimas, desapariciones forzadas, despojo, el obsequio de las riquezas del país a privados mientras la población se hundía en la pobreza, la corrupción, son sólo unos pocos de los actos que la mayoría de la ciudadanía y los firmantes reconocemos como decisiones tomadas de manera agravante hacia la nación y su población, de las que se han investigado e incluso evidenciado las atrocidades, pero que no han alcanzado la justicia; hechos que no han generado las menores consecuencias para los más altos mandos que continúan sin asumir su responsabilidad histórica; los ex presidentes.
Estos acontecimientos y su inexistente trato frente a la justicia, nos han provocado como pueblo malestar, pues resalta una constante de que la impunidad es y fue la constante imperante en este país, por lo que es nuestro deseo y nuestro derecho que se salde esa deuda pendiente que se tiene con ya varías generaciones de nuestra población.
Esta impunidad, que fue una característica muy profunda de gobiernos anteriores, aseveración que determinantemente no es subjetiva, sino que se sustenta, entre muchas otras cosas, en las revelaciones de situaciones que a la luz de los hechos reflejan la corrupción en la que el país vivía; y es que en un país que se ha abierto el camino a través de la injusticia, no es cosa menor que hoy existan procesos judiciales, por poner algunos ejemplos, en contra del ex director de la empresa productiva del estado más importante de las últimas décadas o que el S. de Seguridad de uno de los sexenios más violentos, esté enfrentando un proceso en una prisión de Estados Unidos de América por sus vínculos con el narcotráfico mientras ejercía sus funciones.
Es entonces que surgen más cuestionamientos por parte nosotros como ciudadanos, fundamentalmente porque los que en su momento tomaron decisiones que afectaron al país, no han respondido por su responsabilidad de ninguna manera. Por tanto, se vuelve un imperativo restaurar la injusticia y combatir la impunidad.
En la historia de nuestro país, no ha existido un atecedente (sic.) en el que se use la participación directa de la ciudadanía para acceder a uno de sus derechos fundamentales, tales como el acceso a la justicia, entendido como un principio básico del Estado de derecho. Sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, hacer frente a la discriminación o hacer que rindan cuentas los encargados de la adopción de decisiones.
En el pasado, hubo errores y alevosías en el sistema de justicia que impidieron que las personas que tomaban decisiones a gran escala, se escabuyeran (sic) de la justicia; los presidentes, al terminar sus sexenios, no rindieron ningún tipo de cuentas a su pueblo, con pactos de impunidad de todos con sus sucesores y viceversa, cerraban cielos de barbarie y se iban a disfrutar de una pensión millonaria a costa del pueblo. Es por eso, que hoy no vemos a ningún ex mandatario enfrentando procesos de ninguna naturaleza, aunque existan acusaciones claras, el sistema de justicia en este país siempre fue selectivo en exculpar a los poderosos y fue generando una maquinaria de corrupción e impunidad para favorecerles.
Las leyes de nuestro país se encontraban entrampadas para la ciudadanía, de tal forma que aunque se supiera públicamente, hubiera razones claras e incluso pruebas de que los titulares del Ejecutivo de los sexenios de 1988 a 2018 incurrían en delitos por los que cualquier otro ciudadano sería castigado, estos gozaron de total impunidad, y por si fuera poco, algunos de ellos siguen intentando regresar a tomar el poder con el que solo dañaron a la población.
El clamor de justicia se destaca cuando quienes participamos en la promoción del presente instrumento de participación, hemos padecido de cerca las atrocidades cometidas en otros tiempos; en lo que respecta al tema de A. y los hechos ocurridos en Iguala, G. en 2014, una de las razones por las cuales ********** **********, sobreviviente, decidió participar en esta iniciativa es por la deuda que tiene el Estado mexicano con las familias de las víctimas, pero también porque entiende que la desaparición forzada de personas en México no la padecen exclusiva los normalistas, sino la población en general de ahí las cifras de mas de 70,000 personas desaparecidas hasta la fecha, al mismo tiempo que las familias continúan su búsueda (sic.) y su lucha.
‘En este esfuerzo de llevar a juicio a los ex presidentes, ver a las personas movilizarse, esforzarse por obtener un puñado de firmas o miles, me da la certeza de que A. sigue presente en la memoria colectiva, para mí eso significa mucho’.
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El pasado 27 de agosto de 2020, el diario de circulación nacional ‘El Universal’ publicó el titular ‘Mayoría de los mexicanos pide juicio a expresidentes’, que sin sorpresa, nos mostró como resultado derivado de una encuesta realizada en agosto de 2020 a mayores de 18 años en las 32 entidades federativas, que nueve de cada 10 mexicanos quiere que se juzgue a los expresidentes, encabezados por el expresidente ********** ********** **********, quien de acuerdo con la medición, el 89.4% desea que se le lleve a juicio, seguido de ********** ********** ********** ********** con 88.5% y ********** ********** ********** con 82.1%.
Las decisiones tomadas por los que fueron responsables de conducir el país, particularmente de 1988 a 2018 afectaron no sólo aspectos específicos como la economía, la seguridad pública o la seguridad social, sino que dejaron una profunda herida en la población de nuestro país; de norte a sur la corrupción y los abusos fueron constantes agravios a una población que en este acto clamamos verdad, justicia, memoria y no repetición.
Estamos conscientes que la democracia es una máxima por la que nos regimos y aunque sostenemos que para llegar a sanar la vida pública de México se debe investigar hasta sus últimas consecuencias a quienes, habiendo juramentado salvaguardar a su pueblo, desde el más alto rango de mando tomaron decisiones que causaron daños graves a la ciudadanía, creemos necesario hacer efectivo el sentido del texto constitucional al señalar que, la consecuencia del incumplimiento del deber que obliga a un servidor público, es que la Nación le pueda demandar y, añadimos: sean las instituciones las que investiguen y la justicia quien les condene, si fuera el...
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