Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 23-11-2011 ( AMPARO EN REVISIÓN 578/2011 )

Emisor PRIMERA SALA
Ponente ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA
Sentido del fallo SE CONFIRMA LA SENTENCIA RECURRIDA. NIEGA EL AMPARO. SE RESERVA JURISDICCIÓN AL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Tipo de Asunto AMPARO EN REVISIÓN
Sentencia en primera instanciaPRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO (EXP. ORIGEN: A.R. 229/2010-I), JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE DISTRITO, EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (EXP. ORIGEN: J.A. 571/2009)
Número de expediente 578/2011
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN: 1513/2009


AMPARO EN REVISIÓN 578/2011

AMPARO EN REVISIÓN: 578/2011.

QUEJOSa: ***********.



MINISTRO PONENTE: Arturo Zaldívar Lelo de larrea.

SECRETARIo: carlos enrique mendoza ponce.


Vo. Bo.

Ministro:



México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día veintitrés de noviembre de dos mil once.


V I S T O S; y,

R E S U L T A N D O:

Cotejó:

PRIMERO.- Por escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California con residencia en Tijuana, **********, en su carácter de representante legal de **********, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:



Autoridades Demandadas:


  1. El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

  2. El C. Secretario de Hacienda y Crédito Público.

  3. El C. Secretario de Economía.

  4. El C. Jefe del Servicio de Administración Tributaria.

  5. El C. Director del Diario Oficial de la Federación.

  6. El C. Administrador de la Aduana de Tijuana.

  7. El C. Administrador General de Aduanas.


Actos Reclamados:


En el ámbito de sus respectivas competencias, se reclamó la expedición, aprobación, refrendo y publicación del “Decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados”, de la “Resolución que reforma al anexo 2 de la diversa que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, las “Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2009” y su Anexo 22; y la “Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2009”, en específico la regla 3.10.3; publicados en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de diciembre de dos mil ocho; el veintiséis de enero, el veintinueve de abril y el seis de agosto, todos de dos mil nueve; respectivamente.


De las autoridades responsables citadas en los numerales 6 y 7, se reclamó el primer acto de aplicación de los Decretos, Resoluciones y Reglas, consistentes en la aplicación de precios estimados aplicables a la importación de vehículos usados por año modelo y, la prohibición de la aplicación del trato preferencial arancelario.


SEGUNDO.- Preceptos constitucionales que se estiman violados. La quejosa señaló como garantías violadas, las establecidas en los artículos 1, 5, 14, 16, 17, 31, fracción IV, 89, fracción I, 90, 93, párrafo segundo y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo narró los antecedentes del acto reclamado y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes.


TERCERO. Trámite y resolución de la demanda de amparo. Por auto de veintisiete de noviembre de dos mil nueve, la Juez Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, a quien tocó conocer de la demanda por razón de turno, la registró, y la admitió a trámite con el número **********.


Seguidos los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional el tres de febrero de dos mi diez, dictando la sentencia correspondiente, misma que se terminó de engrosar el cuatro de marzo de esa anualidad, en la que, concluyó con los puntos resolutivos siguientes:


PRIMERO.- Se sobresee en el juicio de garantías promovido por **********, por conducto de su representante legal **********, en contra de los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos ahí expuestos.


SEGUNDO.- La justicia de la unión no ampara ni protege a **********, por conducto de su representante legal **********, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de esta resolución, por los motivos expuestos en el considerando sexto de la misma.


(…)”.


CUARTO.- Interposición del recurso de revisión. Inconforme con la anterior determinación, mediante escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil diez, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, la quejosa interpuso recurso de revisión.


Mediante proveído de veinticuatro de marzo de dos mil diez, la Juez Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, tuvo por interpuesto el recurso de que se trata y ordenó remitir el expediente y el escrito de expresión de agravios relativo, al Tribunal de Alzada.


QUINTO.- Trámite del recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado. Del recurso promovido por la quejosa, tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, mediante acuerdo emitido el veinte de mayo de dos mil diez, por su Presidente, fue admitido y registrado bajo el número de expediente **********.


Mediante sentencia dictada el veintitrés de junio de dos mil once, el aludido Tribunal Colegiado, modificó la sentencia recurrida a fin de decretar el sobreseimiento respecto del acto de aplicación atribuible al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, confirmó el sobreseimiento de los actos atribuidos al Administrador General de Aduanas y al Administrador de la Aduana de Tijuana y reservó jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que respecta al decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, publicado el veinticuatro de diciembre de dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación.


SEXTO.- Trámite del amparo en revisión ante este Alto Tribunal. Por auto de fecha diecisiete de agosto de dos mil once, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó que ésta asumía su competencia originaria para conocer del recurso de revisión el cual fue registrado como el amparo en revisión 578/2011; asimismo, ordenó la notificación correspondiente a las autoridades responsables y al Procurador General de la República para los efectos legales conducentes. Finalmente, se ordenó turnar el asunto al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para su resolución.


Previo dictamen del Ministro Ponente, el Subsecretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante certificación de siete de septiembre de dos mil once, envió el presente asunto a la Primera Sala, y por acuerdo de su Presidente dictado el doce del mismo mes y año, instruyó el avocamiento del asunto a esta Sala.




C O N S I D E R A N D O:


PRIMERO.- Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; y, 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el punto Cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito, en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamó el “Decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados” publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de diciembre de dos mil ocho.


Cabe señalar que en el caso no se justifica la competencia del Tribunal Pleno para conocer del presente asunto, en términos del punto Tercero, fracción III, del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que la resolución del mismo no implica la fijación de un criterio de importancia o trascendencia para el orden jurídico nacional ni reviste un interés excepcional.


SEGUNDO.- Oportunidad del recurso. No es necesario analizar la oportunidad con la que fue interpuesto el recurso de revisión de la parte quejosa, habida cuenta que el Tribunal Colegiado1 que conoció del asunto examinó dicha cuestión, concluyendo que fue presentado en los términos legalmente establecidos.


TERCERO.- Las consideraciones necesarias para resolver la litis planteada:


I. Conceptos de Violación. La quejosa planteó ocho conceptos de violación en su demanda de garantías, en los que en síntesis, señaló lo siguiente:


Primer concepto de violación:


Que el Decreto impugnado es violatorio de los artículos 1, 5, 14, 16, 131 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los diversos 300 y 301 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.


Que lo anterior es así, ya que exige mayores requisitos que limitan, restringen e impiden la actividad de comercio a que se dedica la persona moral quejosa.


Que el artículo 3 del acto que se reclama, exige que para la importación de autos usados se requiere forzosamente la presentación de un certificado de origen o en su defecto el documento comprobatorio de origen que deberá estar requisitado con información directamente...

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