Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 20-03-2019 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 8153/2018)
| Sentido del fallo | 20/03/2019 • SE DESECHA EL RECURSO DE REVISIÓN. |
| Fecha | 20 Marzo 2019 |
| Sentencia en primera instancia | PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ (EXP. ORIGEN: D.T. 430/2018 RELACIONADO CON EL D.T. 431/2018)) |
| Número de expediente | 8153/2018 |
| Tipo de Asunto | AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN |
| Emisor | SEGUNDA SALA |
A
8153/2018
relacionado con el amparo directo en revisión 8152/2018
QUEJOSO Y RECURRENTE: J.L.M. CRUZ
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 8153/2018
relacionado con el amparo directo en revisión 8152/2018
QUEJOSO Y RECURRENTE: J.L.M. CRUZ
PONENTE: MINISTRO J.L.P.
SECRETARIA: ALMA RUBY VILLARREAL REYES
Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de veinte de marzo de dos mil diecinueve, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la que se resuelve el amparo directo en revisión 8153/2018, promovido por J.L.M.C. en contra de la sentencia dictada el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, en el juicio de amparo directo 430/2018 (relacionado con el 431/2018).
-
ANTECEDENTES
-
Juicio de origen. Juan Arturo Flores Gutiérrez, trabajador en activo, demandó de Pemex Exploración y Producción, entre otras prestaciones, el reconocimiento de enfermedades profesionales, su valuación y calificación de grado de incapacidad, la indemnización y el otorgamiento de la pensión correspondiente.
La Junta Especial Número Treinta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, conoció del asunto y dictó laudo en el que condenó a la demandada al reconocimiento de diversas enfermedades profesionales, al pago de la indemnización correspondiente, a la pensión jubilatoria, entre otras reclamaciones.
-
Demanda de amparo y conceptos de violación. Contra esa decisión, el actor promovió juicio de amparo directo, en el cual planteó en vía de conceptos de violación, medularmente, lo siguiente:
-
Reclamó que la junta no se pronunció sobre la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 82, fracción II, del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (En adelante reglamento).
-
Consideró ilegal la absolución del pago de cuotas al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ya que trasgrede sus derechos fundamentales de seguridad y previsión social, a acceder a una vivienda digna y decorosa, así como a la protección de certeza y seguridad jurídica.
-
Aduce que la junta responsable omitió pronunciarse respecto de las prestaciones relacionadas con el pago correcto de tiempo extra fijo.
-
Sentencia de amparo. El tribunal colegiado del conocimiento otorgó el amparo y de sus consideraciones, destacan las siguientes:
-
Atendiendo a lo decidido en el amparo relacionado consideró innecesario analizar la legalidad de algunos aspectos del laudo impugnado; en tanto que en aquel amparo, quedó acreditado que el trabajador quejoso que se encuentra en activo, previamente a acudir a demandar en la vía laboral, debió agotar el procedimiento que consagra el artículo 66 del reglamento, por lo que en dicha ejecutoria se conminó a la junta responsable para que determinara que el actor no acreditó los elementos de la acción y, en consecuencia, absolviera de las prestaciones reclamadas.
-
Dicho análisis lo aplicó igualmente a los argumentos relacionados con el porcentaje de incapacidad permanente parcial por enfermedades profesionales, la jubilación por dichas enfermedades y el planteamiento consistente en que no obstante la junta declaró procedente la jubilación, no se pronunció sobre la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 82, fracción II, del reglamento de trabajo.
-
Revisión y agravios. En desacuerdo con esa determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión, en el cual plantea, en síntesis, lo siguiente:
-
La sentencia recurrida vulnera los artículos 103 y 107 constitucionales, toda vez que se desatendió lo estrictamente previsto en los diversos 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, y como consecuencia los derechos fundamentales establecidos en los preceptos 4°, 17 y 123, apartado A, fracción XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Existe una cuestión de constitucionalidad en virtud de que se interpretó el artículo 123, fracción XX, de la Carta Magna, pues se estableció que antes de acudir a la vía jurisdiccional se debió agotar los procedimientos contemplados en el artículo 66 del reglamento-; por lo que dicha determinación vulnera el derecho de acceso a la justicia.
-
El Tribunal Colegiado debió de analizar la inconstitucionalidad de los artículos 66 y 82, fracción II, del reglamento, por vulnerar el derecho al acceso efectivo a la justicia, contenido en el artículo 17 constitucional.
-
El Tribunal Colegiado omitió el estudio de inconstitucionalidad del artículo 784, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo y de la cláusula 190 del Contrato Colectivo de Trabajo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
-
Son inconstitucionales los artículos 179 al 189 de la Ley de Amparo por no contemplar la institución procesal de acumulación de autos.
-
CONSIDERACIONES
Esta Segunda Sala es legalmente competente para conocer el presente recurso, con fundamento en los artículos 107, fracción IX1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Ley de Amparo2; 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación3, y el Punto Tercero del Acuerdo General Plenario 5/20134.
El recurso de revisión en el juicio de amparo directo se encuentra regulado en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal y 81, fracción II5, de la Ley de Amparo.
Conforme a los preceptos mencionados, las resoluciones en juicios de amparo directo que emitan los tribunales colegiados de circuito no admiten recurso alguno, salvo que cumplan dos requisitos. El primero se refiere a que las sentencias impugnadas: a) decidan sobre la constitucionalidad de normas generales; b) establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, o c) hayan omitido dicho estudio, cuando se hubiese planteado en la demanda de amparo. Los anteriores supuestos son alternativos. Es decir, basta que se dé uno u otro para que en principio resulte procedente el recurso de revisión en amparo directo.
El segundo requisito consiste en que los temas de constitucionalidad a analizar permitan fijar un criterio de importancia y trascendencia, de conformidad con los acuerdos emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, el Tribunal Pleno emitió el ocho de junio de dos mil quince el Acuerdo General 9/2015, cuyo Punto Segundo sostiene que un asunto permitirá fijar un criterio de importancia o trascendencia cuando:
-
Se trate de la fijación de un criterio novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional, o
-
Las consideraciones de la sentencia recurrida entrañen el desconocimiento u omisión de los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, referentes a cuestiones propiamente constitucionales.
En vista de los antecedentes y los documentos contenidos en el expediente del presente asunto, se advierte que en el caso no se acredita el primer requisito de procedencia, toda vez que no subsiste un planteamiento de constitucionalidad de normas generales ni de interpretación directa de la Constitución Federal o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba