A seis años, paradero de 43 aún es prioridad
Alexis Ortiz
CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 26 (EL UNIVERSAL).- A seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, los familiares de las víctimas y sus asesores legales consideraron que será complicado tener una versión exacta sobre cómo ocurrió este crimen, por lo que su prioridad es que se castigue a los responsables de estos hechos y se dé con el paradero de los jóvenes.
Los abogados del caso reconocen que este año ha tenido muchos avances que facilitarán el acceso a la justicia para los padres de los normalistas, pero la gran cantidad de personas implicadas en el crimen, así como el tiempo que ha pasado, hace que cada vez sea más difícil conocer cuál fue la verdadera historia de la desaparición de los normalistas.
"Para las familias lo fundamental no es que haya una nueva versión, incluso reconocen que será difícil tener una versión que momento a momento reconstruya todo lo sucedido, a seis años eso es difícil, más bien lo que quieren es que se castigue a quienes cometieron el delito, los que manipularon la investigación y que se esclarezca el paradero con pruebas científicas", dijo Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
El director del Centro Prodh, una de las organizaciones que ha asesorado legalmente a los padres de las víctimas, destacó que este año ha sido de avances en el ámbito del acceso a la justicia, aunque aún quedan muchos pendientes por delante.
En marzo, por ejemplo, se informó que la Interpol giró una ficha roja para buscar en más de 190 países a Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a quien se le acusa de manipular la investigación de la desaparición de los estudiantes.
De igual forma, Carlos Gómez Arrieta, extitular de la Policía Federal Ministerial, se entregó a las autoridades y se le abrió un proceso penal por el delito de tortura en contra de Carlos Canto Salgado, uno de los presuntos implicados en el caso Ayotzinapa.
También se vinculó a proceso a Blanca Alicia Bernal Castilla, exagente del Ministerio Público Federal, quien participó en la construcción de la llamada Verdad Histórica, con la cual el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto afirmó que los estudiantes habían sido incinerados en un basurero de Cocula, Guerrero, y luego sus cenizas fueron arrojadas al Río San Juan.
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