Santa Fe: las pistas esquivas
| Autor | Selene Velasco |
La voracidad de la Fiscalía General de la República (FGR) por adueñarse de 19 predios en Lomas de Santa Fe surgió de una denuncia anónima de sólo 12 párrafos.
A partir de esta, la dependencia ha alegado una maraña de delitos que incluye crimen organizado, lavado de dinero y hasta trata de personas, en contra de propietarios de predios e inmuebles del área.
El 12 de septiembre, REFORMA publicó que la FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, busca hacerse de terrenos y construcciones en la zona, sin pagar un solo peso y con base en un decreto expropiatorio de 1907 expedido por Porfirio Díaz.
A través de demandas civiles del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) y de carpetas de investigación de su área de terrorismo, la Fiscalía reclama la devolución de 19 propiedades, ubicadas en la zona de más alta plusvalía de Santa Fe y colindantes con la que será su nueva sede.
De acuerdo con especialistas, los lotes en disputa, ubicados en un polígono de 2 mil 800 hectáreas, estarían valuados, de forma conservadora, en por lo menos mil 500 millones de pesos.
El 7 de junio de 2021, personal de la FGR recibió la denuncia anónima en la que se informaba a la dependencia sobre "delitos que afectan al patrimonio y los bienes de este País".
La querella refería al decreto de 1907. Exhortaba a la FGR a abrir una investigación.
"Quiero hacer del conocimiento delitos que afectan el patrimonio y los bienes de este País, se trata de terrenos de los que se han apoderado gente con dinero y que han dispuesto de estos para sacarle provecho a México", se lee en una copia de la denuncia anónima.
"Busquen, investiguen y sabrán que existe un terreno que se encuentra en prolongación Paseo de la Reforma (...) se trata de 2 mil hectáreas que fueron reservadas para uso público y bosques. Esas tierras son inalienables, imprescriptibles e inembargables, no obstante a lo anterior, los ricos en el poder se aprovecharon de esas tierras e hicieron compra-ventas y otros actos jurídicos sin que esas hectáreas hayan sido desincorporadas mediante un decreto, acuerdo o resolución".
La Fiscalía incorporó esta denuncia a las investigaciones abiertas para reclamar los terrenos y soslayó que el mandato judicial era de 1907, por lo que una serie de legislaciones posteriores la dejó sin efectos.
Con base en esta, armó un laberinto de acusaciones penales en contra de dueños y habitantes de la zona.
Tras el aseguramiento de uno de los predios ubicados en Paseo...
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