Salaverna. Los últimos habitantes en la antesala del infierno
Alba CalderónMAZAPIL, Zac., enero 3 (EL UNIVERSAL).- Don Miguel Ángel Vázquez cree que el gobierno es capaz de matarlo en su propia casa con tal de sacarlo de su pueblo, Salaverna, en el municipio de Mazapil, Zacatecas. Vive entre los escombros que la operación minera ha dejado en su comunidad; y aunque se carcajea, dice que ésta se puede convertir en una historia más de las tantas de injusticias que tiene México.
A sus 66 años, con los oídos, pulmones y la voz dañados, don Miguel no está dispuesto a entregar nada más a la minería. Lo dice vestido con el uniforme de Tahuaya, empresa filial de Grupo Frisco, propiedad de Carlos Slim, donde trabajó 37 años y con quien tiene un pleito legal para que no lo saquen de la casa, que dice, compró hace más de 30 años.
La mañana del 23 de diciembre policías, elementos de Protección Civil y ministeriales del estado cerraron las entradas y salidas de Salaverna. Acordonaron varias casas y comenzaron a derrumbar la iglesia y la escuela, como lo han hecho con más de 50 inmuebles. La versión de Protección Civil estatal es que los pobladores fueron notificados ?pacíficamente sobre el riesgo inminente de derrumbe?, y fueron a ofrecerles una nueva vivienda para su seguridad, así como la mudanza gratuita.
Los cuatro integrantes de la familia Vázquez Samarripa dicen que los policías abrieron su puerta a patadas; que con los trabajadores de la mudanza sacaron sus muebles. Miguel Sánchez, hijo de Don Miguel, cuenta que lo empujaron y golpearon cuando quería regresar de su trabajo, en la mina de Peñasquito.
El mismo día que intentaron desalojar a la familia de don Miguel, la empresa Tayahua se proclamó propietaria de los terrenos en un comunicado difundido por medios locales, en el que señalaba que el pueblo lo ocupaban ?de manera ilegal 17 familias?.
Tayahua también informó estar dispuesta a otorgarles la propiedad de una casa en Nuevo Salaverna o indemnizarlos económicamente, pese a la ocupación ilegal que denuncia.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) está por definir quién es el verdadero propietario. Los pobladores que resisten contra las mineras se apoyan con fotos antiguas y títulos de propiedad cedidos por el ejido local para comprobar su pertenencia.
Según recuerdan los hombres que encabezan el movimiento de resistencia, ?fue sospechoso o una trampa? que el mismo día del operativo fueron citados por la delegada estatal de la Sedatu, Fabiola Torres, para hablar sobre sus...
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