Roberto Newell / Gobierno descolorido
| Autor | Roberto Newell |
Esta semana, dos medios (Urban, DF, 9/6 y Financiero, 9/5) publicaron notas en las que citan un estudio realizado por un diputado local del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández, en el que se estima el costo para los habitantes del Distrito Federal de las casi 18 mil manifestaciones que se han llevado a cabo en la capital durante los años de 2009 a 2012.
El diputado llegó a la conclusión de que las manifestaciones han costado 5.8 billones de pesos a los habitantes de la capital. La cifra en cuestión es escandalosa: equivale a 2.9 veces el PIB anual de la Ciudad de México; o algo así como 230 mil pesos al año por cada habitante del DF.
Desconozco el detalle del análisis que realizó el diputado; de su estudio sólo se publicaron los resultados, pero de lo que sí estoy seguro es de que sus cálculos están errados, como por dos órdenes de magnitud. (Creerles a sus cifras equivaldría a pensar que el PIB per cápita de los capitalinos se duplicaría con sólo suprimir las manifestaciones; bueno fuera.)
Tengo mayor confianza en los cálculos quick and dirty de Imco. Uno de sus investigadores estima que las manifestaciones recientes están costando cuando menos 100 millones de pesos al día a los habitantes de la ciudad, o sea, algo así como 2 por ciento de los ingresos diarios de la capital. A primera vista, esa cifra no parecería ser alarmante, pero lo es, puesto que la mayor parte de esta carga la están asumiendo los dueños y empleados de los negocios ubicados en la zona centro de la ciudad. Para ellos, las pérdidas diarias son enormes.
El diputado en cuestión no sabe hacer cuentas, pero no se equivoca cuando exige al Jefe de Gobierno que asuma su responsabilidad como gobernante, actuando en defensa de los intereses de las personas afectadas.
Las fallas de conducta del Gobierno del Distrito Federal son muy graves. La razón de ser de cualquier gobierno, incluyendo el de la capital, es cumplir cinco obligaciones básicas: establecer y mantener un sistema de justicia para todos; asegurar la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos; promover el bienestar general; proveer una defensa común contra enemigos externos e internos y proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos.
Con su pasividad ante la conducta de la CNTE, el Gobierno del DF está incumpliendo cada una de las obligaciones del párrafo anterior. Esto lo saben y entienden los habitantes del Distrito Federal; también lo saben los comisionados de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito...
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