Empresa/ RIP
| Autor | Alberto Barranco Chavarría |
La exposición de motivos es simple: bajo la fórmula de sometimiento sindical, a cuya vera floreció la CTM y su principal soporte: Fidel Velázquez, se convirtió a la política laboral del Estado en sinónimo de control político sobre los actores productivos y de sobreintervención gubernamental, directa o indirecta, sobre las relaciones obrero-patronales y en la vida interna de los sindicatos y las organizaciones patronales.
El pliego petitorio de la Unión Nacional de Trabajadores ("Diálogo para la reforma laboral y productiva"), entregado una semana antes del ascenso al poder del Presidente Vicente Fox, habla de construir un Estado democrático, más justo, más participativo, más incluyente y más productivo de lo que podía ser el Estado corporativo aún en sus épocas de mayor esplendor.
La alternativa habla, en principio de un acuerdo social entre trabajadores y empleadores, convocado y respaldado por los tres poderes de la Unión. ("Por primera vez existe la posibilidad de contar con una política laboral y productiva de Estado que sea consecuencia del acuerdo social y del consenso, no de la imposición o de los clientelismos partidistas").
El primer paso sería modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el reglamento interno de la Secretaría del Trabajo, a fin de lograr el que esta dependencia -encabezada paradójicamente por un ex presidente de la Coparmex-, promueva un desarrollo armónico, democrático y autónomo de los actores productivos; aliente un crecimiento sostenido y sustentable; logre la convergencia empresarial y sindical, y promueva la generación de más y mejores empleos.
Lo interesante del caso es que, a juicio de la UNT, antes de hablar de reformas a la Ley Federal del Trabajo se debe revisar a fondo la estructura laboral del país, sobre la base de la unidad entre los factores productivos... al margen de la tutela del Gobierno.
"El diálogo obrero-patronal señala a la letra el documento firmado por los líderes del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Francisco Hernández Juárez; de trabajadores de la UNAM, Agustín Rodríguez Fuentes, y del Seguros Social, Fernando Rocha Larráinzar-, debería iniciarse con el fin inmediato de ubicar diagnósticos conjuntos por ramas, cadenas, regiones y sectores de la producción, poniendo énfasis en los aspectos clave para diseñar políticas públicas: tipo y nivel de empleo, capacitación, grado de modernización, capacidad administrativa, productividad, tecnología...
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