Riesgos por la eliminación de la prisión preventiva oficiosa

Fecha de publicación16 Abril 2024
CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), externó que en el Gabinete de Seguridad hay preocupación por una próxima decisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para posiblemente eliminar la prisión preventiva oficiosa En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este martes 16 de abril en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación informó que se envió una carta a las ministras y los ministros de la SCJN para expresarle estas preocupaciones Alcalde indicó que la Constitución establece en su artículo 19, segundo párrafo, que las personas acusadas de cometer delitos que por su gravedad sean de alto impacto para la sociedad, como es el caso de delincuencia organizada, de narcotráfico, homicidio, secuestro, feminicidio, tortura, trata de personas, abuso sexual infantil, entre otros, deberán llevar su proceso bajo prisión preventiva, "para poder garantizar -de entrada- que el acusado comparezca a juicio, que no haya una fuga y para salvaguardar la seguridad de las víctimas y de los testigos" Señaló que la SCJN está proponiendo invalidar el artículo 19 y ordenar a todos los jueces del país en aplicar la prisión preventiva de oficio "Esta decisión la toma a partir de una resolución emitida en enero de 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, como sabemos, es una instancia judicial internacional que pertenece a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, en donde condena México y resuelve que se deben adecuar las leyes, incluyendo la Constitución para eliminar la prisión preventiva", refirió. Las preocupaciones Luisa María Alcalde mencionó ante López Obrador las preocupaciones: -"Creemos que la Suprema Corte no solo se excede en sus facultades, sino que pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa para la paz y seguridad de nuestro país", dijo. -Esta decisión, señaló, impactaría a la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy; 11 mil 640 acusados de homicidio; 7 mil 150 acusados de secuestro; 5 mil 617 de violación; 4 mil 13 de narcotráfico y narcomenudeo; 3 mil 800 de portación de armamento y explosivos; mil 405 de feminicidio; mil 273 de abuso infantil y corrupción de menores, y 405 por delincuencia organizada. -Señaló que entre los principales estados que se verían afectados por esta decisión, destaca el Estado de México, donde hay 21 mil 718...

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