Ricardo Elias / La 'verdat'
| Autor | Ricardo Elias |
Con una nueva e improcedente iniciativa de ley impulsada por Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría de Morena en el Senado, se pretende controlar redes sociales como Facebook y Twitter, multándolas con 89 millones de pesos si deciden cerrar cuentas de usuarios.
El postulado dice que "es menester incluir la protección a la libertad de expresión en las redes sociales para garantizar este derecho y proteger los discursos de los usuarios que se revelan en las mismas, especialmente el discurso político por su estrecha relación con el ejercicio de la democracia".
Obviamente esta iniciativa nace con el objetivo de evitar que las redes sociales pudieran llegar a suspender las cuentas de AMLO de la misma manera que lo hicieron con Trump luego de que éste las usara para incitar a sus seguidores (soltar al tigre) a tomar el Capitolio e impedir la certificación de las elecciones que perdió, lo cual derivó además en la muerte de cuatro personas, 14 heridos y más de cincuenta detenidos.
Todo indica que ni AMLO ni los senadores entienden la razón de ser de la libertad de expresión, ni conocen los límites y restricciones a que está sujeto el ejercicio de este derecho.
Esta es la pregunta a hacerse:
¿Es una violación a la libertad de expresión garantizada en la Constitución que una red social bloquee a un usuario o el contenido de lo que en ella se publica?
La respuesta es no. Y es no porque la libertad de expresión tiene límites.
Este derecho existe principalmente para que un gobierno no pueda impedir o restringir las opiniones de los ciudadanos, aunque éstas le sean adversas.
Las redes sociales no son un brazo o extensión del gobierno, son empresas privadas, y como tales pueden decidir lo que en ellas se puede o no publicar.
Es confusa la diferencia entre gobierno y particulares en cuanto a la garantía del derecho a la libertad de expresión.
Las reglas y normas de una red social, como las de un club o cualquier establecimiento abierto al público, las ponen sus organizadores o dueños, pueden ser tan caprichosas como quieran, y su uso o acceso restringido (derecho de admisión reservado) siempre y cuando no sea por motivos de discriminación, como el origen étnico, religión, preferencias políticas o sexuales, discapacidades, etcétera.
Pero el gobierno no es una asociación privada con reglas propias o caprichosas. El gobierno es una entidad pública y sus únicas reglas están en la Constitución, en las leyes que de ella emanan y en los acuerdos...
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