Ricardo Elias / Poder ciudadano
| Autor | Ricardo Elias |
Hay muchas cosas que los gobiernos en turno hacen que a unos desagradan y a otros gustan, y que cuando nos toca estar del lado de los inconformes, de las minorías, tenemos que aprender a vivir con ellas. Así funciona la democracia. Pero hay males y preocupaciones comunes que todos, al margen de nuestras creencias personales o afinidades políticas, quisiéramos cambiar para bien de todos.
¿Qué poder tenemos los ciudadanos para modificar, mejorar o darle forma a la vida pública, para que al menos aquellas cosas en las que estamos de acuerdo y nos afectan a todos de igual manera no se materialicen o se corrijan?
La teoría democrática diría que nuestro poder, nuestra capacidad de influencia en la vida pública, lo ejercemos a través de los diputados elegidos como nuestros representantes y cuya labor es discutir y aprobar las leyes que definen el camino a seguir y reglamentan la conducta de la sociedad y del propio gobierno.
Esa es la teoría. Supuestamente elegimos hombres capaces, prácticos, honestos, amantes del orden y respetuosos de la ley que se encargarán de cuidar intereses comunes y evitar abusos y atropellos.
Sin embargo, la realidad es otra.
Independientemente de las diferentes visiones del futuro colectivo, de las desigualdades y carencias, estoy seguro que en ningún caso, ningún ciudadano, ni siquiera el más pobre y necesitado de todos, estaría de acuerdo con muchas de las decisiones que nuestros representantes y autoridades electas, de todos los partidos y corrientes políticas han tomado en el pasado, o están tomando en el presente.
Estoy seguro que ningún ciudadano honesto está de acuerdo, por ejemplo, en que le quiten su propiedad si un delincuente la usa, sin su conocimiento, para cometer algún delito (ley de extinción de dominio), que se le pague a maestros que no trabajan o que no están capacitados para enseñar a sus hijos (nueva reforma educativa), que el gobierno no intervenga cuando manifestantes bloquean vías de comunicación e impiden el paso de personas y mercancías (no aplicación de la ley ni de la fuerza pública), que a personas inexplicablemente ricas no se les investigue y hasta ocupen cargos públicos (impunidad), que se condonen impuestos a personas o empresarios poderosos sólo porque son afines o útiles al gobierno (mafias de poder), que los causantes corramos el riesgo de terminar en la cárcel si un tercero nos da una factura falsa (terrorismo fiscal), que las compras del gobierno y las obras públicas se lleven a cabo...
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