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Los retos

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Vincent

El más importante compromiso debe ser la exacta aplicación de la ley, tanto a las autoridades como a los gobernados, y de esta manera hacer vigente y no sólo discursiva la existencia del Estado democrático y constitucional de derecho. Asimismo, erradicar la impunidad en todos los aspectos de la vida en convivencia, haciendo de la juridicidad el compromiso cotidiano y permanente en el cumplimiento del contrato social y que la autoridad no tema aplicar la fuerza coercitiva del derecho y uso de la violencia legítima.

Ya de manera específica, hay que combatir la comisión de delitos y de conductas antisociales desde sus causas, de manera multidisciplinaria, pues hasta ahora no hay explicación convincente acerca de esas causas. Y no sólo corresponde a las fuerzas de seguridad pública su combate, sin soslayar la importancia que presenta en el aumento de la comisión de delitos el desgaste, deterioro y erosión de las instituciones políticas fundamentales. Lo anterior, reconociendo que la responsabilidad legal de ser garante de la integridad personal y de los bienes de las personas compete de manera exclusiva e indelegable a las autoridades del nivel federal, estatal y municipal, y que la participación de la ciudadanía es complementaria y de coadyuvancia pero nunca sustitutiva de la acción gubernamental. Esa intervención de la población puede hacerse a través de comités de seguimiento y de mecanismos de activismo que exijan de la autoridad la observancia de la ley y no la simulación en su cumplimiento.

Puntos clave

Hasta ahora, la legislación constitucional, ordinaria y reglamentaria en materia de seguridad pública ha sido modificada, reformada o adicionada en múltiples ocasiones, dando la impresión de que así se puede ofrecer a la ciudadanía seguridad en su persona y en sus bienes, y sólo ha propiciado mayor dispersión y golpes mediáticos pero no disminución efectiva en los índices delincuenciales.

Es indispensable que la investigación previa y posterior a la comisión de delitos queden bajo un mismo mando -y que la autoridad ministerial sea autónoma de los poderes Ejecutivo y Judicial, para evitar su politización o su judicialización-, pero sometido a un estricto sistema de supervisión ciudadana que diferencie la investigación y persecución policial de la denuncia o querella formal. Hasta ahora cerca del 90 por ciento de la población recluida fue detenida en flagrancia o cuasi-flagrancia, lo cual demuestra la ineficacia investigadora pues ésta...

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