Responsabilidad, corrupción y servidores públicos
| Autor | Israel Covarrubias |
| Páginas | 248-261 |
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Responsabilidad, corrupción y servidores públicos
Israel Covarrubias*
* Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
1 Incluso, antes de identifi carla y saber con mayor precisión si estamos en presencia o ausencia de un caso abiertamente
declarado de corrupción.
La corrupción como irresponsabilidad política
El problema de la corrupción tanto de los servidores públicos como de los actores políticos ha sido
recurrente en el desarrollo político de nuestro país. Es decir, la corrupción es la muestra más palpable
de la poca o nula responsabilidad que un servidor tiene frente a los ciudadanos y frente a su propia
organización burocrática y/o administrativa. Por una parte, pareciera que es un defecto de base
que las instituciones públicas han arrastrando casi desde su nacimiento al punto de volverse en la
actualidad uno de los grandes adeudos que los partidos, las instituciones y los poderes formales no
han podido resolver en modo satisfactorio. Por otra, hay quien identifi ca en la forma en como se ha
organizado la cultura política en México (de corte autoritario, paternalista, tradicional y proclive a
la informalidad) una de las causas principales para que la corrupción se haya desarrollado en modo
continuo, incluso, por momentos, en modo acelerado. Además, no hay que dejar de lado que la co-
rrupción como problema y tema de debate público provoca reacciones y opiniones encontradas. Más
aún, cuando se introduce el ámbito moral en sus confrontaciones; esto es, la corrupción para muchas
percepciones es negativa (o mala en estrict os términos morales);1 otros, quizá los menos, son los que
tentativamente sostienen que en nuestro país la corrupción puede ser potencialmente positiva para
liberar un conjunto de prácticas y mecanismos que de otra forma sencillamente resultan imposibles
de poner en acción. Sobre todo por los efectos demoledores que en los últimos años ha exportado
la corrupción hacia las instituciones públicas y políticas en términos de agresión al sistema legal,
así como de deterioro social de la confi anza en los representantes y en las instituciones públicas (en
donde operan los servidores públicos) en general.
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