Resolución con número de expediente RRA 7246 de Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, 03-08-2022
| Sentido del fallo | ORDENA |
| Fecha | 03 Agosto 2022 |
| Número de expediente | RRA 7246 |
| Año | 2022 |
| Sección | Resoluciones en materia de acceso a la información y protección de datos personales (Sector Público) |
LA RESOLUCIÓN QUE AQUÍ SE DESCRIBE PUEDE SER IMPUGNADA POR LA
PERSONA SOLICITANTE ANTE EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
El contenido de este resumen tiene carácter estrictamente informativo, no forma parte de la resolución y se proporciona
con la única finalidad de facilitar la comprensión de la determinación adoptada por el Pleno del INAI.
Norma Julieta del Rio Vergara
RRA 7246/22
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales
Una persona requirió cualquier expresión documental
entre el Director General de Impacto y Riesgo Ambiental,
y La Directora General del Sector Primario y Recursos
Naturales y Recursos Renovables sobre organismos
genéticamente modificados, cultivos transgénicos,
posibles impactos en el medio ambiente, y temas
relacionados con las normas aplicables.
El sujeto obligado fue omiso en proporcionar respuesta.
La persona recurrente se inconformó con la falta de
respuesta a su solicitud de acceso.
ORDENAR al sujeto obligado a efecto de que: -
Proporcione a la persona recurrente acceso a los oficios.
- Declare la reserva de los anexos de los oficios
SFNA/DGSPRNR/127/2021, SFNA/DGSPRNR/145/2021
y SFNA/DGSPRNR/023/2022, de conformidad con lo
dispuesto en la fracción VIII, del artículo 110, de la Ley
Federal. - Emita y proporcione por parte de su Comité de
Transparencia, acta en la que se determine la reserva de
los anexos de los oficios.
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales
VOTO PARTICULAR
Sujeto Obligado: Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales
Expediente: RRA 7246/22
Ponente: Norma Julieta del Rio Venegas
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Voto particular del Comisionado Adrián Alcalá Méndez en relación con el recurso
de revisión citado al rubro
En la sesión pública del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI), celebrada el 03 de agosto del
2022, por unanimidad se determinó ordenar al sujeto obligado a emitir respuesta a la
solicitud presentada por la persona recurrente.
En primer lugar, quiero aclarar que comparto el análisis previsto en la resolución, en el
sentido que el sujeto obligado omitió contestar la solicitud dentro del plazo establecido
por el artículo 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(Ley Federal), conforme al cual, la respuesta debe ser notificada a la persona
interesada en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de veinte días hábiles,
contados a partir del día siguiente a la presentación de aquélla.
Además, coincido con lo mencionado en la resolución respecto a que, la falta de
respuesta por parte del sujeto obligado dejó en estado de indefensión a la persona
recurrente, por no garantizar su derecho de acceso a la información y, en consecuencia,
comparto que el único agravio se califique como fundado.
Sin embargo, la razón por la que me aparto de la resolución aprobada por unanimidad
del Pleno es porque considero que el sentido de la resolución debe ser revocar y no
ordenar, ya que ni el artículo 151 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (Ley General), ni el artículo 157 de la Ley Federal, prevén como
sentido de las resoluciones el de “ordenar”.
Al respecto, en relación con las resoluciones del INAI, cito la tesis I.2o.A.E.27 A, de la
Décima Época, de Tribunales Colegiados de Circuito
1
, de rubro: ÓRGANOS
REGULADORES DEL ESTADO. ALCANCES DEL CONTROL JUDICIAL DE SUS
ACTOS que, en la parte que nos interesa indica lo siguiente:
1
Disponible en: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2011679&Clase=DetalleTesisBL
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales
VOTO PARTICULAR
Sujeto Obligado: Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales
Expediente: RRA 7246/22
Ponente: Norma Julieta del Rio Venegas
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“…Todos los órganos públicos, inclusive los organismos constitucionales autónomos,
están sometidos al principio de legalidad, lo que implica que los tribunales judiciales puedan
revisar la constitucionalidad de sus decisiones, inclusive en el campo de la discrecionalidad
técnica, pues la actuación de la autoridad está ceñida a ciertos límites, entre otros, los
derivados de la prohibición de arbitrariedad, las directrices específicas que fijen la
Constitución y la ley, la fundamentación y motivación, que supone que las decisiones de la
autoridad no sólo estén formalmente justificadas, sino que se apoyen en hechos ciertos y en
una debida interpretación de los fines de la norma que los habilita, de proporcionalidad y de
la razonabilidad de la decisión…”.
Conforme a este criterio judicial, el INAI como organismo constitucional autónomo
está sometido al principio de legalidad; es decir, sólo puede hacer lo que legalmente
le está permitido; por lo cual, nuestras resoluciones deben limitarse a lo previsto en la
Constitución, la Ley General y la Ley Federal.
De esta manera, los artículos 151 y 157 de la Ley General y de la Ley Federal,
respectivamente, indican con toda claridad que el sentido de las resoluciones de este
Instituto sólo son los siguientes:
• Desechar o sobreseer el recurso;
• Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
• Revocar o Modificar la respuesta del sujeto obligado.
En ningún caso, tratándose de la materia de acceso a la información, se le ha atribuido
ni se le atribuye al organismo garante nacional una función “ordenadora”. El INAI no es
un órgano jurisdiccional, los cuales sí forman parte de un poder público, el Poder Judicial.
La función del Instituto no es la de ser un tribunal; más bien, debe funcionar como una
garantía institucional que protege dos derechos fundamentales.
Pretender ser un tribunal desnaturaliza la función garante de los organismos de
transparencia: pues no constituyen un poder público como tal, por lo tanto, se deben
alejar de los formalismos judiciales que son incompatibles con la naturaleza flexible y
sencilla del derecho de acceso a la información.
Por otro lado, cuando un organismo garante confirma, modifica, revoca, desecha o
sobresee, es claro que de forma implícita “ordena” o “mandata” porque es la autoridad
en la materia, pero si la Ley que le confiere las facultades de resolución de los recursos
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