Requiere corrupción leyes y vigilancia social
| Autor | Jorge Carrasco A. |
El secreto promueve la corrupción y a la larga ésta resulta muy costosa para la sociedad. Y para combatirla no bastan programas de Gobierno, sino la participación de la sociedad apoyada por los medios de comunicación, además de garantías legales para proteger a quienes denuncian hechos de corrupción.
Así concluyen los expertos estadounidenses Thomas M. Devine, Robert W. Cobb y James Rigby, quienes desde diferentes instancias se han dedicado al combate a la corrupción en el Gobierno, el Ejército, corporaciones y otros círculos de poder en Estados Unidos.
Consejero General asociado de la Oficina de Etica del Gobierno estadounidense desde 1992, Cobb asegura que a pesar de la importancia en la lucha anticorrupción del Ejecutivo, con la creación de oficinas de transparencia, el Presidente no puede influir en la conducta de los funcionarios y empleados de los poderes Legislativo y Judicial.
"Los empleados del Ejecutivo trabajan para el Presidente y éste puede emitir un decreto en relación con la conducta de sus empleados. Por ello, en el ejercicio de sus tareas, tanto el Legislativo como el Judicial deben ser responsables de la conducta de sus empleados, empezando por los de alto nivel", dice Cobb.
El Ejecutivo, sin embargo, puede crear mecanismos importantes. Uno es la Oficina de Etica para desarrollar políticas sobre la conducta de los empleados gubernamentales.
En el caso estadounidense, esa oficina trabaja con los funcionarios que son designados directamente por el Presidente sobre todo, para evitar situaciones de conflicto de interés.
Cobb, quien revisa la declaración patrimonial de los candidatos presidenciales, los cuales requieren la aprobación del Senado, explica que en su país por ley se evitan los conflictos de interés por parte de los funcionarios de Gobierno.
En Estados Unidos hay una norma según la cual un funcionario gubernamental no puede trabajar en un asunto donde él, su pareja o algún socio tengan interés financiero o directivo.
Costo de la corrupción
Además de la declaración patrimonial y de un estatuto delictivo para los funcionarios, existen medidas para controlar la conducta de esos empleados. Una de ellas, explica, es la venta de sus activos y establecer un fideicomiso, que implica un procedimiento muy complejo y muy costoso a cargo del funcionario.
De esa manera, pierde el control de su capital, y no tiene acceso a la información sobre la forma en que se desempeñan esos activos.
"Es un remedio muy drástico, pero funciona...
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