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Relegan plan regio contra corrupción

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Vincent
AutorDaniel Reyes

En menos de un año de la Administración de la panista Margarita Arellanes, el director de Comercio de Monterrey renunció tras un escándalo de clonación de permisos y el Secretario de Administración fue destituido entre denuncias de manipular licitaciones, retener cheques a proveedores y realizar compras con sobrecosto.

Además, el nuevo Secretario de Administración fue inhabilitado a nivel federal por anomalías cometidas a su paso por la Delegación de Sedesol, pero la Alcaldesa de Monterrey lo defendió y mantuvo en su puesto.

Estos casos de presunta corrupción han quedado impunes, pese a que, desde hace más de un año, Arellanes prometió estructurar un plan anticorrupción.

El 31 de octubre del 2012, en su primer evento público como Alcaldesa, la panista prometió que terminaría con la impunidad en el municipio con un programa de cero tolerancia en el que involucraría a la población.

Sin embargo, la Administración sigue sin tener un plan estructurado y no se han conocido acciones específicas para combatir la corrupción.

Y, por el contrario, la Contraloría municipal a cargo del panista Gregorio Hurtado ha pretendido minimizar los cuestionamientos y dar carpetazo a las investigaciones que se ha visto obligado a iniciar tras revelarse públicamente presuntas irregularidades.

Lo más que ha ocurrido es la baja de funcionarios cuestionados, como Mauricio Serrano, acusado de dirigir licitaciones, condicionar cheques a proveedores y realizar compras con sobrecosto desde la Secretaría de Administración, y Luis Alberto García, que dejó la Dirección de Comercio después de darse a conocer la clonación de permisos para puesteros del Centro.

En ambos casos, los servidores públicos sólo dejaron los cargos y nadie fue sancionado.

A esto se suma que, apenas el pasado 23 de octubre, la propia Alcaldesa rehusó atender una inhabilitación dictada a nivel federal contra Miguel Ángel Treviño, un ex colaborador suyo en la Delegación de Sedesol y ahora en el municipio, acusado de causar un daño patrimonial al Gobierno federal.

Incluso, varios casos cuestionados han sido cerrados con la simple conclusión de que no se violó alguna ley.

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