Relaciones Estado-Iglesias: La era de la expansión
| Autor | Fernando del Collado |
"Ven y adoremos de Jesús". Sobre un mar de nubes, la convocatoria a la V "Marcha de la Gloria" que partirá el sábado 30, de Chapultepec a la Plaza de la Constitución. El cielo en la tierra. O, sin alusiones de ningún tipo, una expresión panorámica -es posible ver espectaculares con esta invitación en las principales vialidades del DF- de la tenue libertad religiosa que se vive en México, desde hace 10 años.
Largo fue el camino que llevó a la expedición, en julio de 1992, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Antes, la Constitución mexicana las declaraba inexistentes, para fines prácticos.
Carlos Salinas de Gortari quiso extender la apertura comercial y política también a lo espiritual. Y ávido -como estaba- de avales internacionales, el gobierno mexicano buscó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el Estado del Vaticano, luego de casi 150 años interrumpidas.
Salinas accedió a una petición de Juan Pablo II, dio cuerpo jurídico a la Iglesia católica y, al final, terminó con las limitaciones constitucionales a la libertad de credo. Pero tal acción generó dudas y temores.
De inmediato se interpretó como una invitación a que las Iglesias se inmiscuyeran en terrenos que supuestamente no les competían (política electoral, educación, medios de comunicación) o que pudieran jugar un papel decisorio en actividades político-partidistas.
Concluyeron las viejas épocas de la hostilidad y el conflicto. Inició la etapa de la conciliación, de la normalidad. Vino el Papa Juan Pablo II y bendijo a los políticos; murió el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo; los grupos religiosos salieron de los templos y literalmente tomaron el Zócalo, el Estadio Azteca y las principales plazas y centros de convenciones del país; el credo fue un asunto importante en las campañas; se han registrado hechos violentos desatados por la intolerancia entre grupos religiosos; los dirigentes de la Iglesias pueden opinar de política, seguridad pública, justicia social, desarrollo económico, contenidos de los medios...
Los temores se disiparon pronto. Las Iglesias han dejado claro que su principal interés en México es de orden espiritual y no político. Con todo, todavía no se cuenta con un texto reglamentario del artículo 130.
Se ha sostenido la propuesta de la Iglesia católica, para que la comunidad política y las instituciones públicas del Estado se articulen, de modo que asuman el principio de subsidiariedad y garanticen la libertad religiosa. Y ha sonado fuerte su reclamo, respecto de que no suplanten directa o indirectamente sus espacios.
Entre Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo pasaron ocho años de mutuo respeto y cordialidad entre el Estado y las Iglesias. Respeto para no interferir en lo que es propio de cada institución, y apoyo recíproco, sin descalificaciones ni sanciones. Pero no se superaron prejuicios, dualismos y reduccionismos.
Ahora, con Vicente Fox al frente del gobierno federal, son los tiempos de la aportación religiosa al bien común. Y la Iglesia mexicana quiere gozar de una mayor libertad en los diversos campos donde desarrolla su misión pastoral y...
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