Por una regulación responsable en materia de subcontratación

Fecha de publicación29 Octubre 2020
AutorElias Micha
Por una regulación responsable en materia de subcontratación

Como director general de TallentiaMX, una asociación mexicana de subcontratación profesional, siempre estaré a favor de erradicar las malas prácticas laborales y fiscales dentro y fuera de la tercerización. Las empresas responsables de outsourcing son las primeras víctimas de los abusos, puesto que es imposible competir contra los precios y los “beneficios” de quienes hacen ofertas ilegales y desleales.

Tenemos que acabar con la evasión fiscal, el subregistro de los trabajadores, la facturación falsa y con cualquier actividad que perjudique la hacienda pública y los derechos de las personas. Sin embargo, esto no significa eliminar por completo el outsourcing.

La tercerización profesional equivale a trabajos formales y productivos. Según estimaciones de TallentiaMX elaboradas a partir de datos del Inegi y del IMSS, casi 7 millones de mexicanos laboran bajo algún esquema de subcontratación, lo que equivale al 34.4% del empleo formal registrado ante el Seguro Social.

En los últimos 15 años, el crecimiento promedio anual del personal subcontratado fue de 8.1%, mientras que el del empleo formal afiliado al IMSS fue de 3.3 por ciento. Por si fuera poco, según un estudio del Colmex, en los subsectores de alta tercerización, se ha reducido la informalidad del 33% al 22 por ciento. Debe señalarse, además, que las cifras indican que la subcontratación está vinculada con altos índices de productividad y con buenos salarios. Así, a nivel nacional, los pagos promedio por persona subcontratada son de 4.3 salarios mínimos generales diarios al año, un salario mínimo más de los que registra en promedio el IMSS.

Por esta razón, los resultados de prohibir de golpe todo tipo de outsourcing serían catastróficos: cierre masivo de empresas, desempleo y aumento de la informalidad a gran escala (con la consecuente precarización, incremento de la pobreza y la total falta de acceso a los derechos sociales), máxime ahora en que la pandemia ha destruido el mercado laboral nacional. Además, se desincentivaría la inversión y se destruirían cadenas productivas de todos los sectores económicos que actualmente dependen de la tercerización responsable y que son fundamentales para el pleno aprovechamiento del T-MEC, que entró en vigor el pasado 1 de julio. Se aduce que uno de los principales síntomas de los comportamientos ilegales dentro de la subcontratación es la pérdida de empleos en los meses de diciembre y enero. Al respecto, vale la...

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