Regulación y reforma energética

AutorFrancisco Xavier Salazar Diez de Sollano

En el sector energético existen tres tipos de funciones que puede llevar a cabo el Estado. En primer lugar está la definición de la política energética. En segundo lugar está la regulación. Finalmente está la operación industrial que, aunque en muchos países no es responsabilidad del Estado, en México sí lo es derivado del marco constitucional que excluye la participación privada de ciertas actividades del sector.

A pesar de su importancia, la menos conocida y entendida de estas tres funciones es la regulación. Ésta es un tipo de intervención del Estado a través de un conjunto de disposiciones legales expedidas por órganos administrativos del mismo que buscan alcanzar ciertos resultados que, en ausencia de ellas, no se lograrían. En términos generales, la regulación busca corregir diversas fallas del mercado, como la ausencia de competencia, o bien lograr la consecución de ciertos fines sociales, por ejemplo, la administración de un recurso natural.

Aunque se puede hablar de distintos tipos de regulación (económica, técnica, de salud, de seguridad o ambiental), normalmente se separa la regulación económica del resto, que se agrupa bajo la denominación de regulación social. En algunas ocasiones también se habla de regulación procesal o administrativa, como la que se deriva de los trámites que se originan por la administración pública.

Por su impacto, merece especial atención la regulación económica, que busca resolver los problemas que se originan cuando la competencia no funciona. En condiciones ideales, la competencia logra la eficiencia en la asignación y en la producción, y por tanto el mayor bienestar social. Por el contrario, en condiciones de monopolio se observan problemas tales como oferta insuficiente, baja productividad, precios por encima del óptimo social, calidad y servicio deficientes, innovación tecnológica limitada, entre otros.

No obstante los inconvenientes del monopolio, existen condiciones en las que éste es inevitable. Ello se debe a la naturaleza propia de la actividad (monopolio natural) o porque así lo disponen las leyes de un país (monopolio legal). El primer caso ocurre en condiciones de economías de escala considerables con relación a la demanda existente. El transporte y la distribución por ductos, así como la transmisión y distribución de la electricidad, son ejemplos de actividades del sector energético que se desarrollan en esta condición. En contraste, el monopolio legal no es inevitable desde un punto de vista económico; es el resultado de consideraciones históricas, culturales, ideológicas o políticas.

Cuando además se trata de servicios públicos...

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