Reglas nuevas para el presupuesto

AutorJorge A. Chávez Presa

Con la finalidad de aportar al lector elementos que le permitan exigir transparencia y rendición de cuentas a las instituciones públicas, en las próximas semanas comenzará a circular el libro Para recobrar la confianza en el gobierno, del diputado priista Jorge A. Chávez Presa, editado por el Fondo de Cultura Económica con el apoyo del Centro de Investigación y Docencia Económicas. En este fragmento, el autor reflexiona sobre la necesidad de construir una normatividad para la aprobación de un presupuesto federal equilibrado y sensato.

Un nuevo marco para la aprobación presupuestaria

Las negociaciones ocurridas en las aprobaciones de los proyectos de presupuesto de egresos correspondientes a los años de 1999 y 2000 hicieron evidente la necesidad de un procedimiento que regule la aprobación a fin de analizar y discutir exhaustivamente los documentos que contienen. Para ello es necesario disponer de reglas que permitan dirimir las controversias entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para inducir conductas constructivas de las partes involucradas. Este procedimiento demanda incentivos para que la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo Federal aprueben un presupuesto equilibrado y sensato. Más aún, es indispensable abandonar la ciega discusión sobre cantidades asignadas a los ramos y entidades paraestatales. Se necesita evolucionar a una discusión sustantiva que concentre la atención en los resultados y los costos de programas y proyectos. No siempre un mayor gasto es condición necesaria para un mejor cumplimiento de las funciones gubernamentales.

La población desea que los incrementos reales en las erogaciones estén correspondidos con una mayor calidad y cobertura de los servicios públicos. Los legisladores insisten frecuentemente en la necesidad de contar con más tiempo. La petición es definitivamente legítima. Sin embargo, el requisito es necesario, pero no suficiente para aprobar un mejor presupuesto. A este fin se necesitan varias condiciones. Primera, se necesita que los legisladores asuman ciertas responsabilidades; en particular la de aprobar en fechas determinadas y sin posibilidad de extensión partes fundamentales del presupuesto. Dentro de estos tiempos es imprescindible ir alcanzando ciertos resultados.

Segunda, la aprobación debe forzar una decisión conocida de antemano, basada en una regla que favorezca finanzas públicas equilibradas. Tercera, el marco jurídico debe contemplar fechas para consensuar el entorno macroeconómico y las metas fiscales. Esto podría ocurrir en la primera mitad del segundo trimestre de cada año y en la segunda mitad fijar las prioridades de gasto reflejadas en los programas y proyectos en marcha; en el tercer trimestre analizar las rigideces o restricciones de las finanzas públicas que impiden atender dichos programas y proyectos. En el cuarto...

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