Reformas al Sistema de Protección del Ahorro: El Caso de Argentina
el caso de Argentina[209]
Geoffrey P. Miller(1)
Ricardo Maldonado Yáñez(2)
(1) Profesor Kirkland and Ellis en la Escuela de Leyes de la Universidad de Chicago. Catedrático en las áreas de Derecho Bancario, Financiero y Sociedades Mercantiles.
(2) Abogado en la oficina de Nueva York del despacho White & Case.
Introducción
En diversas ocasiones se ha afirmado que los países que no cuentan con un sistema de protección expresa de los depósitos bancarios, en realidad proporcionan una protección implícita. El costo político para un gobierno por no garantizar los depósitos bancarios en el momento de la caída de un banco, es generalmente tan abrumador que, las autoridades competentes no tienen otra salida (o al menos así se ha afirmado) que la de proteger a los depositantes, aún cuando ello pueda llegar a ser considerado como inconveniente o indeseable desde el punto de vista político-social.(3)
(3) George Kaufman, Incentive Contlict in Deposit Institution Regulation: Evidence from Australia, Pacific-Basin Finance Journal, Volume 1, 1993.
En por lo menos un país, Argentina, este reconocido principio sobre la protección de los depósitos bancarios ha sido desafiado. Hasta el año de 1989, Argentina proporcionaba tanto una garantía explícita a los depositantes en los bancos participantes, como una garantía implícita en la forma de asistencia bancaria a instituciones con problemas financieros. Sin embargo, la actual administración del Presidente Carlos Saúl Menem, ha abolido la garantía a los depósitos en todas sus manifestaciones.
El presente artículo pretende analizar la decisión de la administración del Presidente Menem de abolir toda garantía, explícita o implícita, de los depósitos bancarios.
Una parte sustancial de este trabajo se. basa en una serie de entrevistas que el profesor Geoffrey P. Miller de la Universidad de Chicago, sostuvo con economistas, abogados y funcionarios del gobierno argentino en diciembre de 1992. El presente artículo se encuentra estructurado en tres secciones. La primera sección analiza algunos antecedentes de la economía argentina; la segunda sección considera las reformas en cuestión; y la tercera y última sección muestra nuestras conclusiones respecto de este trabajo, haciendo mención de algunos factores que posibilitaron los cambios y la respuesta del mercado a los mismos.
I. Antecedentes económicos
El sistema económico argentino antes de 1989 puede ser considerado como un estado corporativista. Juan Perón, quien subió al poder en 1946, comprometió al país con un sistema económico caracterizado por una participación o intervención sustancial por parte del gobierno en la industria.(4) Para 1990, el gobierno controlaba las industrias de telecomunicaciones, petrolera y metal-mecánica, entre otras. Las industrias en las que el gobierno no mantenía participación alguna, estaban sujetas a una estricta regulación.
(4) William C. Smith, Hyperinflation, Macroeconomic Instability, and Neoliberal Restructuring in Democratic Argentina, in Edward C. Epstein, ed., The New Argentine Democracy: The Search for a Successful Formula, Volume 20, 1992.
Paralelamente a la marcada participación estatal en la producción industrial, surgió un sistema político en el que la burocracia normalmente funcionaba más como un mediador entre importantes grupos del poder, que como un creador independiente de política. Uniones y grupos industriales poderosos actuaban, de hecho, como miembros del gobierno. Dichos grupos gozaban de un virtual monopolio al actuar como representantes semi-oficiales del gobierno en actividades funcionales específicas.
La ineficiencia del estado corporativista argentino está reflejado en su desarrollo económico. El crecimiento real de las tasas del producto interno bruto fue anémico o, incluso negativo, a lo largo de los años ochenta. Esta ineficiencia, acompañada por la alta capacidad desarrollada por Argentina para evadir impuestos, ocasionó déficits presupuestarios importantes. El gobierno argentino contrarrestó dichos problemas deficitarios mediante la emisión de dinero, acto que motivó una inflación catastrófica. Asimismo, Argentina combatió sus déficits a través de préstamos del exterior, incrementando de esta manera su deuda externa de 27 billones de dólares en 1980, a 63 billones de dólares en 1989. Como consecuencia de lo anterior, el panorama argentino durante los ochentas, sugería una economía al borde del desastre.
El momento no se hizo esperar, la crisis llegó en 1989. En abril de 1988, el gobierno suprimió los pagos de la deuda externa. La inflación sufrió una aceleración considerable; en julio de 1988 los precios al consumidor se elevaron en un 26.6%, sin dejar de subir durante los meses siguientes. El Presidente Raúl Alfonsín intentó mantener con firmeza el valor de la moneda argentina frente al dólar. No obstante, a fines de enero...
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