Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos., de 13 de Septiembre de 2011
Gaceta Parlamentaria, año XIV, núMero 3345-C, viernes 9 de septiembre de 2011 Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3345-C, viernes 9 de septiembre de 2011 Iniciativas De decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos Iniciativas De decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos México, DF, a 8 de septiembre de 2011. Diputado Emilio Chuayffet Chemor Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Por este conducto y para los efectos de lo dispuesto en el inciso H) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo establecido en la fracción I del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por instrucciones del presidente de la república, me permito enviar Iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos
Asimismo, acompaño al presente copia de los oficios números 353-A.-0838 y 312.A.1.-2140, a través de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite el dictamen de impacto presupuestario de la citada iniciativa. Por otro lado, se señala que no se sujeta a las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo por ser de carácter fiscal y en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no se publicó en el sitio de Internet de la Dependencia referida, toda vez que su publicación anticipada podría comprometer los efectos que se pretenden lograr con la misma.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. Atentamente Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves (rúbrica) Subsecretario de Enlace Legislativo Diputado Emilio Chuayffet Chemor Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
En el ejercicio de la facultad constitucional concedida al Ejecutivo Federal, se somete a la consideración del H. Congreso de la Unión, por su digno conducto, la presente Iniciativa de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
México es el único país de América Latina que ha implementado un proceso formal de mejora regulatoria con la finalidad de asegurar que la regulación sea una herramienta que promueva el buen funcionamiento de los mercados, incremente la competitividad de la economía, genere empleos, mejore la distribución del ingreso y, en general, eleve el nivel de bienestar de la población.
En 2009, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) efectuó una evaluación a los sistemas de administración regulatoria de sus 30 países miembros y posteriormente publicó el reporte "Indicators of Regulatory Management Systems", mediante el cual dio a conocer que México ocupa el quinto lugar en cuanto a la Capacidad Institucional para la Administración de la Reforma Regulatoria, sólo detrás del Reino Unido, Países Bajos, Alemania y Canadá.
No obstante los logros alcanzados de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y las políticas de mejora regulatoria que rigen en el ámbito internacional, el Ejecutivo Federal, en estrecha colaboración con el Poder Legislativo, ha efectuado una serie de acciones adicionales encaminadas a la simplificación de los procesos y la gestión de la Administración Pública Federal con la finalidad de incentivar específicamente la creación, el desarrollo y la consolidación de pequeñas y medianas empresas, proteger las inversiones, sistematizar el pago de impuestos, agilizar el comercio exterior, combatir la informalidad y disminuir los costos de transacción, generando un ambiente adecuado para el intercambio de bienes y servicios.
En ese sentido, en atención a la política de simplificación normativa fijada por la Secretaría de la Función Pública, en 2010 se realizó un esfuerzo al interior de las dependencias del Gobierno Federal, coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se propusieron a ese H. Congreso de la Unión diversas derogaciones a la Ley Federal de Derechos, con la finalidad de incentivar y mejorar el marco jurídico administrativo e impulsar ciertas actividades, reduciendo las cargas administrativas y tributarias en los sectores económico, turístico, comunicaciones, marítimo, salud, empresarial, energético, agropecuario, entre otros.
Dicho ejercicio implicó la derogación de 138 cuotas de la Ley Federal de Derechos con un impacto tributario marginal, que además de que no perjudicó la capacidad recaudatoria de dicha ley, impactó positivamente en la operación y el ejercicio de las facultades de las dependencias de la Administración Pública Federal y generó importantes ahorros de recursos y tiempo para los contribuyentes que solicitaron servicios públicos o para quienes usaron o aprovecharon diversos bienes considerados de dominio público de la Federación.
Con base en lo anterior, a fin de continuar con la política de simplificación del marco jurídico fiscal, otorgar certeza jurídica a los contribuyentes, incentivar actividades económicas, agilizar la función pública relacionada con los bienes y servicios a cargo del Gobierno Federal garantizando la accesibilidad a los mismos y abatir las cargas fiscales y administrativas vigentes, se proponen a esa Soberanía diversas medidas de simplificación a través de la derogación de algunas cuotas de derechos y otras modificaciones a dichos gravámenes que son coincidentes con la política de mejora administrativa y que facilitan el cumplimiento de la Ley Federal de Derechos por parte de los particulares que reciben los servicios que proporciona el Estado en funciones de derecho público o que usan, aprovechan o explotan bienes de dominio público de la Federación.
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Simplificación y Mejora Administrativa
Esta Administración ha sido enfática en abatir las cargas administrativas y fiscales que obstaculizan a los ciudadanos el acceso a los servicios públicos o limitan el uso, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público de la Federación, considerando que en algunos casos resulta de interés público la prestación de los servicios por parte de las dependencias que conforman la Administración Pública Federal o que los particulares usen o exploten los citados bienes de dominio público.
Además, tomando en consideración la importancia de las empresas en la economía de los países especialmente la pequeña y la mediana para generar empleo e ingresos, es relevante incluir en los planes de recuperación económica, reformas orientadas a disminuir la regulación de negocios, reconociendo que las empresas de las economías de los países en desarrollo, en promedio, se encuentran aún con más del doble de carga regulatoria a la hora de constituirse, transmitir propiedades o presentar declaraciones de impuestos, en comparación con empresas semejantes de las economías de altos ingresos. Tales cargas regulatorias provocan que algunas empresas y puestos de trabajo funcionen en el sector informal, por lo que de acuerdo a la política internacional en la materia, las reformas estructurales de las economías en desarrollo deben reducir el número excesivo de procedimientos administrativos y simplificar las formalidades burocráticas.
En virtud de lo anterior, se realizó nuevamente un esfuerzo al interior de las dependencias del Gobierno Federal, coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de identificar aquellos derechos en los que es posible eliminar para los particulares la carga tributaria para acceder a los servicios de carácter público que prestan las autoridades de la Administración Pública Federal o al uso, goce o aprovechamiento de bienes considerados de dominio público de la Federación. Cabe señalar que aunque en la mayoría de los casos en los que se plantea derogar el derecho resulta necesario mantener vigente el trámite correspondiente, tal derogación implica la eliminación de un trámite en sí mismo, además de que conlleva disminuir la carga tributaria del contribuyente.
Derivado de lo antes señalado, la propuesta que se presenta a ese H. Congreso de la Unión consiste en la derogación de 140 cuotas de derechos, con lo cual se busca impactar positivamente en los contribuyentes y las dependencias, al reducir el costo de sus actividades y la carga fiscal y administrativa que se asocia al pago de derechos, con un sacrificio recaudatorio marginal en las finanzas públicas.
Bajo ese contexto, se someten a consideración de esa Soberanía las siguientes medidas de simplificación y mejora administrativa en los sectores que se señalan a continuación: a. Cinematografía De conformidad con la Ley Federal de Cinematografía y su reglamento, ninguna película, ya sea producida en el país o en el extranjero, puede ser distribuida, comercializada o exhibida públicamente sin previa autorización y sin la clasificación correspondiente de la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC). Asimismo, es atribución de RTC expedir los certificados de origen de películas nacionales y autorizar el doblaje al español de películas clasificadas para público infantil, los documentales educativos, entre otras. En ese sentido, actualmente, el titular de los derechos de la película, el productor o distribuidor deben reunir determinados requisitos y cubrir el derecho por la autorización y clasificación de su película y además otros derechos si desean obtener el certificado de origen o la autorización de doblaje al español, según se trate. En virtud de lo anterior, se propone la derogación de los derechos por la expedición del certificado de origen y por la autorización del doblaje de películas al español, con la finalidad de que los contribuyentes de este sector cubran exclusivamente el derecho por la autorización y clasificación de películas. b. Certificación en actos...
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