La reforma inconclusa
| Autor | Emiliano Ruiz Parra |
Los legisladores presumieron una reforma electoral "de tercera generación", pero la mantienen incompleta. En el Congreso de la Unión está pendiente la modificación de 15 leyes secundarias para hacer efectiva la reforma constitucional aprobada en septiembre del año pasado. De no actualizarse este paquete de normas, el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación carecerán de herramientas jurídicas para organizar y sancionar aspectos cruciales como la transparencia en el uso de los recursos, la administración de los tiempos de Estado en radio y televisión y las causales de nulidad en las elecciones federales de 2009.
Los tiempos del Congreso se acortan. El 1o. de febrero, con el inicio del periodo ordinario de sesiones, se vence el plazo legal del Poder Ejecutivo para publicar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), y el 13 de abril concluye la vigencia de la Ley para la Reforma del Estado, que mandata al Congreso a legislar en torno del régimen político.
Finalmente, el año electoral se inicia el 1o. de octubre; con el arranque del proceso, la atención de los partidos políticos dejará de dirigirse a las reformas y se centrará en ganar los comicios.
Una lista de reformas se despliega frente a los legisladores. Sin su aprobación, los principales avances de la reforma constitucional aprobada en septiembre podrían verse limitados.
Sin embargo, los coordinadores parlamentarios ya han advertido que no habrá un periodo extraordinario de sesiones para abordar esta agenda, por lo que será en febrero cuando se modifiquen las leyes secundarias y se elija a los nuevos consejeros del instituto.
Mientras el periodo ordinario comienza, el debate sobre los alcances de la reforma electoral se trasladó del Congreso al Poder Judicial. El 20 de diciembre, un grupo de intelectuales interpuso un amparo en contra del párrafo tercero del artículo 41 constitucional, por considerar que viola la libertad de expresión. La solicitud fue rechazada por un juez federal a la semana siguiente; los quejosos anunciaron que acudirán a otras instancias, por lo que presumiblemente el caso será resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Antes que los intelectuales, el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana interpusieron demandas de amparo contra la misma disposición, que prohíbe a personas físicas o morales contratar espacios para difundir propaganda electoral en radio y televisión. Ambos amparos fueron negados por jueces federales el 7 y el 17 de diciembre, pero los empresarios también advirtieron que recurrirían a la Suprema Corte para "defender la libertad de expresión, el derecho a la información y el régimen de garantías individuales".
Leyes urgentes
Uno de los argumentos de los partidos políticos en defensa de la reforma electoral se basa en la eliminación de los secretos bancario, fiduciario y fiscal en la revisión de sus recursos. El nuevo Cofipe, efectivamente, otorga al IFE la facultad de fiscalizar las cuentas de los partidos. Pero la aplicación de esta nueva aptitud requiere la adecuación de las leyes del Servicio de Administración Tributaria, de Instituciones de Crédito, General de Títulos y Operaciones de Crédito, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El Poder Judicial también requiere una adecuación de su Ley Orgánica a fin de normar tres cambios que introdujo la nueva legislación electoral: uno, el nombramiento escalonado de los magistrados del Tribunal Electoral; dos, el funcionamiento permanente de las salas regionales del mismo tribunal, que antes se habilitaban sólo en temporadas electorales. En tercer lugar, se deben delimitar las competencias entre...
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