La reforma constitucional electoral
| Autor | Alaodin Nieto Solana |
| Cargo | Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey |
| Páginas | 12-15 |
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SEPTIEMBRE 2016
LA REFORMA
ELECTORAL
Para comprender la importancia de la legislación electoral actual debemos enten-
der los fundamentos que dieron origen a la reforma constitucional electoral de los
años 2013-2014, procurando hacer un análisis concreto en el que se aborden los
elementos principales de la reforma, estableciendo el marco jurídico que se creó
para ello y sus efectos vinculatorios, y mencionando cómo fortalece el sistema
democrático nacional.
Destacan los dos puntos medulares del Pacto por México que dan pie a la
misma, la importancia de la reforma inmediata anterior, las facultades que se au-
mentan al Instituto en dirección al ámbito local y el señalamiento de la legislación
electoral local.
El proceso de construcción electoral ha pasado por diversos momentos en la
búsqueda de establecer reglas claras para el escogimiento en puestos de elección y la
alternancia en dichos puestos por los actores políticos que compiten, por lo cual se
ha privilegiado la idea de que la competencia debe ser en condiciones de igualdad.
Podemos observar que desde los años cuarenta se han presentado reformas
electorales que poco a poco fueron creando el andamiaje electoral de nuestro
país y estableciendo las reglas necesarias para las elecciones. En este sentido, las
podemos agrupar en cinco grandes periodos: la primera, de 1946 a 1976; la segunda,
de 1977 a 1988; la tercera, de 1989 a 1994; la cuarta, de 1996 a 2006 y la quinta, en los
periodos de 2007-2008 y 2013-2014.1
Las reformas de la segunda mitad del siglo veinte fueron construyendo el edi-
ficio democrático de nuestro país. Debemos recordar que es precisamente en esa
época cuando el control gubernamental del partido hegemónico se encontraba en
su punto más alto.
Éste es el motivo por el cual la des-
concentración del poder mediante los
procesos electorales dio cada vez mayor
espacio a la implantación de un modelo
democrático que permitió la participa-
ción de la mayoría en el proceso políti-
co, lo que resulta fundamental para la
construcción democrática nacional.
En las primeras etapas podemos ver
cómo se transita de la construcción y
consolidación de un partido hegemóni-
co (1946-1976) a un sistema de partidos,
aunque condicionado pero ya con una
limitada participación en las cámaras
con la representación proporcional
(1977-1988).
Se permitió la existencia de un
proceso de reconocimiento del plura-
lismo político, con participación de los
partidos en las cámaras y con acceso al
financiamiento público por medio de
prerrogativas, lo que permitiría el man-
tenimiento y crecimiento de aquellos.
Posteriormente, en 1989 se creó
Procedimientos Electorales mediante
una reforma constitucional impor-
tante que modificó las atribuciones e
integración del órgano electoral, y sus-
pendió el voto a los partidos políticos
en el principal órgano de dirección del
Instituto electoral.
Fue ya en 1994 cuando se observó
la mayor transformación del sistema
electoral, con la separación del secre-
tario de Gobernación del Instituto
DERECHO ELECTORAL
Por ALAODIN NIETO SOLANA
Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Especialista
en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de
Madrid. Maestro por la Universidad Iberoamericana. Ex alumno del Instituto Universitario de Investigación
José Ortega y Gasset. Doctorando por la Universidad Autónoma de Madrid. Socio de Nisa, firma
especializada en defensa fiscal, auditoría y derecho electoral. Director del Colegio de Estudios Superiores y
Administración Pública.
Federal Electoral, y se introdujo la figura
del Consejero Ciudadano2; también se
generó un marco jurídico eficiente que
dio certidumbre a las elecciones y que
se convirtió en el principal activo del
Instituto: la confianza ciudadana en
elecciones transparentes e imparciales.
En este mismo escenario nace el
Tribunal Electoral, que permite resolver
controversias de los actores políticos
entre sí, y de estos con las institucio-
nes. Fue un organismo de impartición
de justicia que consolidó la confianza
ciudadana en los actos realizados por el
órgano administrativo y que permitió al
ciudadano el acceso a un medio eficaz
de justicia electoral.
Para 1996 se consolidó la autono-
mía del Tribunal Electoral al integrarlo
como parte del Poder Judicial Federal.
Se le otorgó la facultad de calificar las
elecciones presidenciales y fue transfor-
mado en la máxima autoridad jurisdic-
cional, al establecerse que sus resolu-
ciones son definitivas e inatacables.
Los elementos mencionados
generan una competencia política que
se puede considerar como la transición
democrática de mayor importancia,
ya que, a raíz de ésta, se produce la
alternancia política en el país de manera
democrática y por primera vez un parti-
do de oposición3 gana la Presidencia de
la República.
Se logra la transición democrática
de manera pacífica gracias a la existen-
1Valdés Zurita, Leonardo y Gonzáles Suárez, Patricia, “Elementos para el análisis de la reforma electoral de 2014”, revista de derecho Electoral; UNAM-IIJ, No 6, 2014, pp. 211-235
2Ibídem
3Vicente Fox del Partido Acción Nacional en el año 2000.
4Valdés Zurita, Leonardo y Gonzáles Suárez, Patricia, “Elementos para el análisis de la reforma electoral de 2014”, revista de derecho Electoral; UNAM-IIJ, No 6, 2014, pp. 211-235.
cia de un instituto electoral que da con-
fianza al ciudadano en el sentido de que
el proceso es transparente e imparcial.
En el año 2006, el proceso electoral
se vio intensamente politizado por
campañas de desprestigio, denomi-
nadas “campañas negras”, con un
alto índice de confrontación política,
lo que generó que instituciones no
gubernamentales se involucraran en la
competencia electoral.
Esta polarización política desem-
bocó en una alta, pero muy dividida
participación electoral entre el can-
didato de la derecha y de la izquierda,
lo que tuvo como consecuencia una
diferencia del .56% entre el primero y el
segundo lugares.
Esta diferencia mínima y las im-
pugnaciones sobre la posibilidad de un
fraude, llevaron al Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación a or-
denar el reconteo de 11 mil 839 casillas4,
resolución inédita hasta ese momento
en la historia electoral mexicana, pero
que dio como resultado que se ratificara
el triunfo del primer lugar, que era el
abanderado del Partido Acción Na-
cional, como candidato ganador de la
contienda 2006.
Todos estos elementos impulsaron
la reforma electoral de 2007-2008, otor-
gando nuevas atribuciones a la autori-
dad electoral respecto de fiscalización,
sobre las denominadas “campañas
negras”, la regulación y sanción respec-
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