La Reforma Constitucional en el Ecuador y temas relevantes para los pueblos indígenas
| Autor | Natalia Alejandra Mora Navarro |
| Páginas | 215-228 |
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La sociedad ecuatoriana cuenta con un porcentaje significativo de población indígena que, organizada en la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), gestó un importante movimiento social y lideró propuestas que contribuyeron a reformas legales y constitucionales en el país. Se ha consolidado por contar con un completo sistema organizativo y ser un trascendental actor social y político; posee un discurso construido a través de la revalorización de su identidad y de la difusión de los principios que rigen su cosmovisión.
El movimiento indígena se ha pronunciado a favor de una reivindicación que les permita ser actores sociales y políticos; por ello, han impulsado una transformación a través del diálogo intercultural, con la finalidad que se valoren los aportes prove-nientes de su cultura y puedan verse reflejados, como en el caso de Ecuador, en la consecución de derechos reconocidos en la Constitución. La Constitución de 2008 es el resultado de un proceso con amplia participación en el que el movimiento indígena aportó una propuesta que expresaba sus principales aspiraciones; sobre todo, las de construir condiciones de democracia e inclusión para garantizar su participación como sujetos políticos.
La lucha por reivindicar los derechos de los pueblos indígenas está presente en la realidad social del Ecuador. Estos grupos han construido un camino hacia la generación de espacios de participación a través de la construcción de un discurso coherente que incluye sus valores culturales, los cuales se han visto ya reflejados
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en derechos contenidos en la Constitución vigente. Las propuestas del movimiento indígena estuvieron presentes en el proceso que dio origen a la Constitución de 2008, el cual tuvo una participación activa y dinámica para construir una sociedad más inclusiva. La filosofía indígena es la base de la argumentación de los derechos de la naturaleza, el buen vivir y la plurinacionalidad, ideas que insertan en el pensamiento jurídico temas que expresan un compromiso de cambio y de un nuevo pacto social.
La sociedad ecuatoriana es heterogénea y cuenta con un porcentaje significativo de población indígena que gestó un movimiento social conocido en toda la región por su importancia política: lideró grandes movilizaciones y contribuyó a reformas legales en el país. El movimiento indígena ecuatoriano se ha consolidado a lo largo de las últimas décadas gracias a que ha contado con un completo sistema organizativo nacional, a través del cual se difundió la propuesta que le convirtió en un importante actor social y político.
A partir de los años setenta fue fortaleciéndose un discurso sobre la identidad indígena, y estos colectivos llegaron a interactuar con las instituciones públicas. En un primer momento, para exigir servicios, luego, para demandar derechos y así hasta final-mente establecerse como actores políticos organizados en partidos con los que llegaron a asumir cargos de poder1. En este tema cabe mencionar que la Constitución de 1979 desarrolló derechos económicos, sociales y culturales, con lo que se amplificó el ámbito de los derechos políticos,2 como el acceso del sufragio para personas analfabetas.
En ese entonces, una buena parte de la población indígena que vivía en condiciones de pobreza no accedía a la escolarización. El analfabetismo era una condición que les impedía acceder al sufragio, pero esto cambió cuando la norma constitucional les reconoció este derecho, lo que forjó grandes cambios que fueron evidentes por el gran número de votantes que respaldaban a los candidatos indígenas. Esto generó una mayor representatividad y, junto con otros factores, los convirtió en una gran fuerza política.
En 1990 la Conaie lideró una gran marcha de personas en el llamado levantamiento indígena, donde propusieron que se reformara el artículo 1 de la Constitución para declarar al Ecuador como plurinacional. A partir de entonces los indígenas lograron construirse un espacio desde donde, como actores sociales y políticos, pudieron comunicar sus demandas, ante los gobiernos de turno, acerca de temas relacionados con la identidad, el territorio, la plurinacionalidad; además se pro-
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nunciaron en contra de políticas económicas neoliberales: llegó a ser el movimiento social más importante del país.
Aunque el movimiento indígena alcanzó una mayor notoriedad durante la década de los 90, sus demandas no las satisfizo debidamente la institucionalidad estatal; lo que los motivo a que propusieran transformaciones sustanciales en el marco constitucional para resguardar o revalorizar su identidad y garantizar su existencia como pueblo. El movimiento indígena no tenía una actitud de oposición a la ciudadanía, sino que pedía una reivindicación; no expresaba un deseo de separarse de la estructura política, sino que demandaba un espacio en esa estructura en la que no participaba activamente3 y de la que parecía seguir estando excluida.
En 1998 se expidió la Constitución aprobada por una Asamblea nacional con predominio de las elites del poder. En ese momento la Conaie argumentó que la interculturalidad debía ser la piedra angular de toda la reforma y, aunque su propuesta no fue acogida en su totalidad, se reconocieron 15 derechos colectivos para la población indígena y afro descendiente, lo cual representó un avance. Sin embargo, una serie de factores hicieron que la atención ciudadana se concentrara en otros asuntos, pues las condiciones del país causaban gran inestabilidad y en 1999 ocurrió una grave crisis bancaria y desequilibrio económico, a lo que se sucedieron varios golpes de Estado.4La interculturalidad se propuso como un argumento político y social para transformar las instituciones a través del diálogo intercultural que se construiría en un cambio ideológico y en el reconocimiento de derechos para los pueblos y nacionalidades indígenas. La reivindicación nacional impulsada por la Conaie explica la autodefinición como "nacionalidades", por hallar en este término mayor dignidad frente a otras expresiones usadas en el pasado y que reflejaban discriminación.5 Con esto se buscaba dotar al discurso indígena de nuevos elementos para revalorizar la pertenencia a un grupo que había sido infravalorado anteriormente. Desde la década de los 80 el movimiento indígena de Ecuador impulsó que la definición de los pueblos indígenas fuera la de nacionalidades, y por ello planteaban la necesidad de construir un Estado plurinacional que estableciera la diversidad cultural como uno de sus pilares.
La Constitución ecuatoriana de 2008 (en adelante la llamaremos sólo la Constitución) representa un cambio en cuanto a que proviene de un proceso con amplia participación ciudadana en la que los diferentes grupos, colectivos y movimientos
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sociales, alcanzaron un espacio de participación política, sobre todo, el movimiento indígena que actuó desde el primer momento al presentar una elaborada propuesta donde expresaba las líneas principales de las aspiraciones y luchas de la agrupación. Las reformas constitucionales incluidas en la norma responden a una serie de reivindicaciones provenientes de las organizaciones indígenas en las que se sustentan ideas de sus propios valores culturales, los cuales han ido abriéndose paulatinamente un espacio en la discusión jurídica.
La Constitución reconoció al Estado como plurinacional, lo cual refleja una de las reivindicaciones más importantes para el movimiento indígena; aunque el debate social previo a la Asamblea constituyente evidenció la dificultad para definir los alcances de este término, sobre todo en cuanto al rol del Estado frente a los pueblos indígenas. La Conaie, motivada por el proceso constituyente, creó espacios para discutir acerca de los alcances de la propuesta de Estado plurinacional: fue un gran proceso participativo en el que se definieron los principios y lineamientos para la nueva constitución.
El proceso constituyente mostraba las aspiraciones comunes de un cambio hacia una sociedad respetuosa de la diversidad cultural, lo que se evidenció con la inclusión en el texto normativo de ideas y principios provenientes del pensamiento indígena, como el buen vivir o sumak kawsay, la naturaleza como sujeto de derechos. Todo esto mostró un gran interés por generar un proceso participativo, lo que fue recibido por la población como un gesto positivo y esperanzador. Acosta, quien fuere presidente de la Asamblea nacional constituyente expresó que en la realidad ecuatoriana la falta de democracia ha sido un problema latente por mucho tiempo, por lo que la propuesta de construir un Estado plurinacional era una respuesta necesaria; pero no sólo la falta de democracia es un lastre para el crecimiento, sino también el racismo: capaz de generar un problema político manifestado a través de la exclusión y marginación, lo que afecta a buena parte de la población indígena, según lo reflejan estudios al respecto.6En el discurso indígena de los últimos años estuvo presente la plurinacionalidad, vista como un factor que puede construir condiciones de democracia e inclusión, por ello fue relevante que la norma constitucional recogiera este aspecto junto con otros conceptos del mismo origen y que los colocara como "elementos fundacionales" de la Constitución. Los cambios evidencian la voluntad de incorporar otros modos de entender el entorno, la sociedad y la naturaleza. Esto implica otorgar a la diversidad su verdadero valor, por lo que su reconocimiento es la expresión norma-tiva de la voluntad de incorporar valores provenientes de los colectivos indígenas, situación que ayuda a dejar atrás...
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