Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, del Código de Comercio, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Manuel Vázquez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena
| Fecha de publicación | 06 Septiembre 2023 |
| Número de Gaceta | XXVI - 6358 |
| Sección | Iniciativas |
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, del Código de Comercio, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Manuel Vázquez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Manuel Vázquez Arellano, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, del Código de Comercio, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para la protección contra violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas, al tenor de las siguiente
Exposición de Motivos
Sin duda, uno de los marcos jurídicos más robustos a escala internacional está relacionado con la protección y promoción de los derechos humanos. Instrumentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Protocolo de San Salvador, son sólo algunas de las convenciones internacionales que obligan al Estado mexicano a respetar, proteger y garantizar la realización de los derechos humanos de las personas que se encuentran en su territorio. Sin embargo, cada vez es más importante proteger a la población de las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes privados, entre los que las empresas tienen un papel central.
Así lo demostró el informe México: empresas y derechos humanos , hecho público en agosto de 2016 y elaborado con la participación de más de 50 organizaciones no gubernamentales dedicadas a la promoción y protección de los derechos humanos, entre los que destacan el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y Oxfam México. En ese momento, el documento constituyó uno de los más ambiciosos esfuerzos para documentar y denunciar abusos y violaciones graves en contra de los derechos humanos cometidas por parte de empresas trasnacionales y nacionales, entre los que se incluían Grupo Higa, Tradeco, Bimbo, Cargill, Monstanto, Grupo Carso, Grupo Bal, Grupo México y la minera Excellon.
El informe fue elaborado ante la visita a México del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ofreció una perspectiva inédita respecto a la responsabilidad de las empresas en casos graves de vulneración de los derechos humanos en el país. El informe logró analizar 68 casos que describen patrones de violaciones y abusos a los derechos humanos realizados a partir de la actividad empresarial en ámbitos como el energético, extractivo, construcción, agroindustria y maquila, entre otros. En cada uno de los casos expuestos se demuestra cómo el sector empresarial beneficiaba de la impunidad, corrupción y falta de transparencia y rendición de cuentas que caracterizaba su relación con el Estado mexicano, así como su corolario en la vulneración del ejercicio de los derechos humanos en contra de amplios sectores de la población.
Entre sus conclusiones, se señala cómo la influencia corporativa ha debilitado paulatinamente los mecanismos de protección de los derechos humanos en favor de intereses empresariales, llegando al grado de recurrir al uso de la fuerza pública para reprimir a grupos y comunidades en oposición y resistencia a proyectos empresariales, así como para la salvaguarda de la maquinaria de las empresas por encima de la seguridad de la población.
El informe hace hincapié en el papel de las autoridades locales para facilitar el desarrollo de proyectos extractivos que implicaban perjuicios contra el acceso a los recursos naturales y la protección del medio ambiente, así como impactos negativos a la salud y bienestar de la población. Con frecuencia, esta injerencia se apoyaba de un absoluto desdén al derecho a la consulta y la debida diligencia que ordena la Carta Magna, dando como resultado el escalamiento de conflictos locales con graves pérdidas para las comunidades.
Además, los casos permitieron identificar cómo las empresas buscaban capturar diversas instancias de análisis y resolución del Poder Judicial para asegurarse condiciones de impunidad e impedir la judicialización de los abusos y violaciones graves a los derechos humanos cometidas como resultado de sus actividades. Como era de esperarse, el contubernio entre empresas y tribunales contribuyó a un acceso desigual a la justicia, pues los casos que presentaban las empresas contra sus opositores solían resolverse con rapidez, mientras que las denuncias contra los proyectos empresariales interpuestos por los grupos y comunidades afectadas solían avanzar mucho más lentamente. El informe señala como esta componenda llegó al punto de instruir la reubicación arbitraria e injustificada de jueces que habían decidido defender, en sus resoluciones, los intereses de las comunidades y la ciudadanía.
Así entonces, las organizaciones identificaron que el mayor número de abusos cometidos en contra de los derechos humanos por las empresas son aquellos vinculados al derecho a la tierra y el territorio (32 casos), seguidos por la falta de acceso a la información (28), abusos contra el derecho al medio ambiente sano (22 casos), impactos negativos a la salud (17 casos) y falta de cumplimiento de los derechos indígenas (17 casos). Adicionalmente, se reportaron múltiples casos de persecución e intimidación contra activistas, periodistas, defensores de los derechos humanos y opositores a los proyectos empresariales, muchos de los cuales estuvieron acompañados de amenazas, agresiones, detenciones arbitrarias e incluso asesinatos.
Del documento se extrae como en el pasado, en un contexto del debilitamiento y captura de las funciones del Estado por parte de intereses privados, de reformas estructurales encaminadas a favorecer a grupos empresariales y de la proliferación de megaproyectos con graves afectaciones al medio ambiente, fue factible que las empresas cometieran abusos y violaciones graves contra los derechos humanos de poblaciones afectadas por sus actividades, así como de organizaciones y movimientos en resistencia a sus proyectos. Ante este escenario, las organizaciones presentaron distintas recomendaciones, incluyendo un llamado al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU para instar a las empresas y sus cadenas de valor a asumir políticas de protección y promoción de los derechos humanos e implementar con procesos para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas en torno a los impactos negativos que sus actividades implicaban para los derechos humanos.
Asimismo, se reconoce la necesidad de brindar mejores herramientas para que el Estado asegure la protección de los derechos humanos de manera integral y universal, incluyendo los relacionados a la tierra, el territorio y el medio ambiente. En este sentido, el informe subraya la tarea de fortalecer y hacer cumplir el marco de regulación y control de los sectores empresariales, principalmente aquellos relacionados con proyectos de gran escala y de la industria extractiva.
Pese a las resistencias que entonces puso el gobierno federal para la atención de las demandas y recomendaciones contenidas en el informe, éstas condujeron a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitirá en mayo de 2019, su Recomendación General 37, denominada “Sobre el Respeto y Observancia de los Derechos Humanos en las actividades empresariales2”. A través de este documento inédito, la CNDH planteó 32 puntos recomendatorios a 91 autoridades destinatarias de los gobierno federal y estatales, encaminadas a...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba