Recortarán guaruras

ZMG.- Contar con protección de escoltas pagadas por el Gobierno del Estado, ya no será tan fácil.

Las personas que requieran de este apoyo para garantizar su seguridad -incluyendo a funcionarios y políticos-, tendrán que demostrar, mediante la solicitud de un dictamen, que necesitan protección.

El Congreso local aprobó ayer reformar las leyes de Austeridad y del Sistema de Seguridad Pública, así como al Código Penal, para regular la custodia a personas con cargo al erario.

"Los únicos funcionarios estatales que se podrán proteger será el Gobernador, el Presidente del Supremo Tribunal, el Secretario de Gobierno, los Fiscales, los comisionados de Seguridad Pública y los Comisarios de la Policía Preventiva de los Municipios", expuso el impulsor del proyecto legislativo, el emecista Augusto Valencia.

Los ajustes, que entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, fijan que será un Consejo Ciudadano de Seguridad el que determinará qué personas podrán tener servicio de escoltas, pues se deberá dictaminar la posibilidad de riesgo que corre el sujeto.

"Hay sacerdotes, Obispos que tienen escoltas, entonces, a partir de la publicación (de las reformas) los tendrán que regresar. Si no tienen un dictamen para que el Estado les esté proporcionando esa seguridad; en caso de no ser considerado un caso de riesgo, lo podrán contratar (el servicio de escoltas)", apuntó Valencia.

Se estima que hay unos 700 elementos estatales brindando protección a personas, y que sus sueldos salen del erario, sin embargo, se ignora cuánto representan el gasto por ello.

Las reformas establecen la penalización del abuso de autoridad que cometan servidores públicos al disponer para su protección o la de terceros, sin apegarse a la nueva legislación, de elementos para funciones de escoltas, custodia, guardia o vigilancia...

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