Reconstruir la Oposición para Salvar a México

AutorFelipe Calderón

A invitación de Mario Vargas Llosa tuve el honor de participar al lado del Presidente Ernesto Zedillo en el Foro del XX aniversario de su Fundación Internacional para la Libertad. Fue inevitable evocar que siendo él Presidente de la República, Santiago Oñate del PRI, Porfirio Muñoz Ledo del PRD y yo del PAN, negociamos y acordamos la Reforma Constitucional que creó al IFE, antecedente del INE, como un organismo dirigido por ciudadanos independientes del gobierno, con un servicio profesional y una novedosa legislación de partidos. Fue una reforma histórica que culminó décadas de lucha por la transición democrática en México. En esa ocasión advertí que México era "una democracia a punto de caer" dada la inminencia de que se aprobara la iniciativa de Reforma Constitucional presentada por el Presidente para desaparecer al INE.

Afortunadamente, la formidable marcha ciudadana del 13 de noviembre detuvo, en buena parte, la barbarie. El riesgo sin embargo subsiste, materializado en el plan de "destazar" al INE con reformas legales abiertamente inconstitucionales que cancelan su capacidad para organizar elecciones imparciales. Mi reflexión fue una más entre las muchas que contribuyeron a generar un sentido de urgencia de actuar. La marcha, la más numerosa en asistentes, en ciudades participantes, en pluralidad de opiniones, abrió una esperanza para México. Hoy, en vísperas de una nueva marcha ciudadana, me permito compartir estas reflexiones acerca de lo que hay que hacer hacia adelante.

No es la primera vez que el México moderno vive, aunque en distinto grado, un régimen autoritario. En las décadas de aquel priismo despótico también tuvimos un poder presidencial sin límites, con sometimiento del Congreso, dominado mayoritariamente por legisladores afines, que "no le cambian ni una coma" a sus caprichos; una Suprema Corte que, aun contando con un buen número de Ministras y Ministros capaces e independientes, ha actuado varias veces sin razón a su favor, ha bloqueado mayorías calificadas para declaratorias de inconstitucionalidad o simplemente pospone sin causa asuntos que le serían claramente adversos. Por supuesto, eso lo explica en gran parte la abyección del anterior Presidente de la Corte. Hoy, con una nueva Presidencia, renace la esperanza de un Poder Judicial Independiente. El empuje ciudadano puede hacer que se materialice.

Otra variable en la que coinciden aquel sistema y el actual es el contar con un tramposo aparato electoral monumental. El "movimiento territorial del PRI" que, desplegado en todo el país, presionaba a los beneficiarios de los programas de gobierno a ser sus apoyadores y votantes incondicionales, palidece ahora frente a la maquinaria construida por el gobierno de Morena (el nuevo partido-gobierno).

La situación actual, sin embargo, presenta tres serios agravantes. Uno, la restauración autoritaria camina, de manera preocupante, de la mano del crimen organizado en algunas regiones. Es quizá lo más grave. Dos, esa suerte de autocracia apoyada por el crimen busca garantizar impunidad con un claro intento de cooptar política y económicamente, no al Ejército, sino a algunos Generales encumbrados con prebendas y opacidad; esperemos que las Fuerzas Armadas puedan resistir. Y el tercer agravante y sobre el cual más podríamos actuar: la triste ausencia de una oposición respetable, vigorosa, creíble y con liderazgo.

EL SUSTENTO DEL PODEROSO

¿De dónde viene la fuerza del gobierno? Un primer vector es el poder sin límites del presidente. No había habido un poder tan vertical hace décadas. Lo segundo es la "aprobación presidencial" que tanto obsesiona, y que sin ser excepcional comparada con la de mandatos anteriores, es consistente. Esa aprobación tiene un sustento real en los beneficiarios de los programas sociales, especialmente el del programa de "Adultos Mayores" que, creado en su gobierno del entonces DF, fue implementado a nivel federal en 2007 bajo el nombre de "70 y más". Este programa sí tiene un efecto distributivo que debe reconocerse. Las desventajas sin embargo son múltiples: una, no rompe estructuralmente la pobreza, al no mejorar los principales "igualadores" de oportunidades: educación, salud y servicios públicos de calidad para los más pobres. En el mismo sentido, agota los recursos públicos que se requieren, no sólo para igualar oportunidades que rompan la pobreza sino, en general, para la buena marcha del país. Es decir, si la disponibilidad de dinero fuera infinita, el programa debiera expandirse sin fin, y al mismo tiempo el gasto en educación, salud, seguridad, infraestructura... ¡qué más quisiera cualquier gobernante! El problema es que el presupuesto es limitado, y el programa se hace crecer ilimitadamente. Eso ha hecho que para mantenerlo se sacrifiquen todos los demás rubros indispensables para el desarrollo: ha bajado el presupuesto en seguridad, en salud -¡lo redujeron en plena pandemia!-, en ciencia y tecnología, en medio ambiente, en infraestructura, y un largo etcétera. Si sigue esa tendencia, será insostenible para las finanzas públicas, puesto que, sumado a otros pasivos que también crecen aceleradamente (las pensiones de Seguridad Social, los intereses de la deuda) pueden sufrir un colapso en el mediano plazo. Ya hoy, junto con los caprichos faraónicos como el aeropuerto sin vuelos o la refinería sin refinar, o la destrucción de la selva para un tren que no funcionará, las finanzas públicas registran el mayor déficit público en 20 años.

Los programas sociales no generan...

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