Reclaman justicia para víctimas de tiranías
| Autor | Alejandro Pairone |
REFORMA/ Argentina
BUENOS AIRES.- Aunque ahora es rechazada y carece de tolerancia en el mundo occidental, la desaparición forzada de personas fue un método de exterminio y control social al que recurrieron Gobiernos autoritarios de un centenar de países para eliminar a más de 300 mil opositores y disidentes políticos durante los últimos 35 años.
Según datos resultantes de informes e investigaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Federación de Familiares de Desaparecidos (Fedefam) y Amnistía Internacional, esa cifra escalofriante involucra sólo a los desaparecidos y excluye a los disidentes y opositores asesinados cuyos cuerpos pudieron ser recuperados por sus familias.
La cantidad puede elevarse aún más al sumar a las personas desaparecidas en igual lapso en el marco de guerras abiertas, durante las cuales las sociedades suelen aceptar con asombrosa naturalidad que los desaparecidos son una consecuencia lógica e inevitable del conflicto.
La desaparición forzada de personas es una política de exterminio implementada por el Estado convertido en terrorista, que se aplicó por igual en 100 países de todas las regiones del mundo, desde Ruanda hasta Chile, pasando por Sri Lanka, Bosnia, Filipinas, Argentina y México, entre otros, según el CICR.
La jurisprudencia moderna lo define como un delito de acción continua, porque se comete en forma permanente, días tras día, hasta que la víctima no aparezca.
Los datos recogidos de organismos de derechos humanos aseguran que en Argentina hubo 30 mil argentinos desaparecidos; en Ruanda, 105 mil; en la ex Yugoslavia (Serbia, Bosnia y Croacia), 30 mil y en Sudáfrica, 25 mil.
En Sri Lanka fueron desaparecidas 60 mil personas sólo entre 1989 y 1992; en Guatemala 40 mil y en Filipinas mil 600, poco menos de la mitad de los 3 mil 400 desaparecidos en Chile. En Perú hubo más de 6 mil, mientras que en El Salvador llegaron a 22 mil.
La lucha contra la impunidad en estos crímenes de lesa humanidad unió esta semana a los dos extremos de la América Latina.
Al sur del sur, en Argentina, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales el martes pasado las leyes de Punto Final y Obediencia Debida por las cuales desde 1986 al menos un millar de torturadores y genocidas gozaban de impunidad y garantía de libertad.
Un día después, en el otro extremo latinoamericano, en México, la Suprema Corte de Justicia desechó la prescripción de la acusación por genocidio contra el ex Presidente Luis...
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