Rechaza Chiapas táctica para desalojar Reserva
| Autor | Marcela Turati |
La estrategia del Gobierno federal de acabar los problemas en la Reserva Montes Azules mediante desalojos o falsas promesas no es responsable y obstaculiza las negociaciones que actualmente se realizan con el resto de los invasores para concertar salidas pactadas, dijo el director del Instituto de Historia Natural y Ecología del Gobierno de Chiapas, Pablo Muench.
"Pensar que el Gobierno del estado no está haciendo nada no es cierto, nosotros queremos que haya una opción viable para los grupos (invasores) que están ahí (...) Pero no, no estamos de acuerdo con hacer desalojos a la manera de Profepa, que sacas a la gente, la metes a un albergue del DIF seis meses y los dejas sin opciones reales. Eso es irresponsable, es engañar y no dar una solución real al problema", dijo.
El funcionario chiapaneco dijo que desde el sexenio pasado se han intentado solucionar las invasiones de la manera más rápida: con la reubicación de los poblados.
"Las reubicaciones del sexenio pasado (a las comunidades Ruinas Sol Paraíso, Sol Paraíso y Santa Cruz), y las de este sexenio (el poblado de Arroyo San Pablo), todas han resultado en lo mismo. Los llevaron a un lugar donde la misma gente dijo: 'qué voy a hacer ahí, hay pura piedra, no hay agua, mejor me regreso'. Y algunas volvieron a meterse.
"No fue una opción efectiva. Se les ofreció un paquete que no les cumplieron y eso es lo que no queremos que siga pasando porque pierden la confianza", dijo en entrevista con REFORMA.
Muench reconoció que existe un riesgo de que la Comunidad Lacandona, propietaria legal de la tierra, se desespere y quiera hacerse justicia por mano propia ("porque hay lacandones violentos"), pero dijo que, en general, ese grupo propietario legal de la selva ha manifestado que prefiere esperar una solución negociada y pacífica.
El funcionario identificó la creación del Programa Especial para el Desarrollo Sustentable de la Selva como la única solución a este añejo conflicto que comenzó formalmente a raíz del decreto presidencial de 1972 que otorgó a 66 familias lacandonas la propiedad de más de 600 mil hectáreas de la Selva Lacandona.
Para este proyecto integral se necesitaría una inversión de mil 170 millones de pesos, con el que se regularizaría la situación agraria de las 117 mil hectáreas que circundan la reserva y se acabaría con los 49 asentamientos irregulares que están ubicados dentro del área natural protegida.
Sin embargo, Muench dijo que, a diferencia de la Unión Europea y de la...
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