Rafael Ruiz Harrell / Desdén por la ley
| Autor | Rafael Ruiz Harrell |
No ha sido tarea pequeña limpiar los caminos electorales que conducen al poder. Aun a pesar de sus excesos -como los presupuestos otorgados a los partidos-, y de la estorbosa presencia de un sin fin de errores de detalle, no hay grandes dudas sobre la validez de los procesos electorales. Lo inquietante, ahora, es saber si sirven para algo y nuestra frágil, niña y débil democracia llega a ser capaz de funcionar.
El desencanto ciudadano es innegable. La dimensión del abstencionismo es su síntoma mayor y aunque pueda explicárselo, en buena parte, por la insultante mediocridad de muchos de los candidatos postulados, es claro que hay también una suerte de cansancio colectivo ante el desorden, la inseguridad y una recesión tan prolongada. La sensación se expresa cada vez con más frecuencia en el triste diagnóstico de que nuestra democracia es disfuncional.
La circunstancia es consecuencia de la suma de muchos factores. Los hay políticos y económicos, nacionales e internacionales, personales y colectivos. Muchos están identificados con toda precisión. Van desde la incapacidad brutal de Vicente Fox para cualquier tarea de gobierno hasta la rampante demagogia de Andrés Manuel López Obrador; desde la colonial dependencia de nuestra economía frente a la estadounidense, hasta el encandilamiento, colonial también, que se pasma de admiración ante cualquier sugerencia que provenga del imperio -como sucede ante las propuestas hechas por los policías de Giuliani.
Hay, con todo, un elemento fundamental al que no se le presta la atención que merece: la falta de respeto que tienen nuestros funcionarios y autoridades hacia el principio de legalidad; el incumplimiento hacia la ley presente en tantas de sus acciones y, para colmo, el hipócrita descaro con que intentan explicar o justificar sus desobediencias. Nuestra democracia no funciona, en buena medida, porque carecemos de la certidumbre que sólo llega a surgir cuando quienes tienen el deber de vigilar y asegurar el cumplimiento de la ley son los primeros en cumplirla.
La convicción de que los ciudadanos y todos los poderes públicos han de estar sometidos al derecho, forma parte sólo a medias de las creencias de las mujeres y los hombres que tenemos y hemos tenido en el poder. Aceptan, sí, y con rigor, que los ciudadanos están obligados a cumplir las leyes sin chistar -sobre todo las de orden fiscal-, y en sus discursos y declaraciones públicas se ostentan como paladines del estado de derecho, pero en privado...
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