Rafael Catalá / España ante los retos del siglo 21
| Autor | Rafael Catalá |
La Constitución de 1978 define a España como un Estado social y democrático de derecho. Los valores superiores de su ordenamiento jurídico -la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político-, que han sido claves para nuestro progreso, siguen estando hoy plenamente vigentes e informan nuestro modelo de convivencia. En torno a ellos, España se ha configurado como un país altamente confiable.
Gracias a nuestra Carta Magna, contamos con un marco jurídico estable y seguro. Nuestra Constitución se erige como elemento unificador y de cohesión. Pero siempre se debe tener la maquinaria del Estado a punto para afrontar nuevas situaciones y adaptarse a los constantes cambios que plantea una sociedad dinámica.
Por esta razón, el Gobierno de España ha emprendido durante esta legislatura un amplio abanico de reformas para adaptar nuestro ordenamiento al siglo 21. La Justicia es uno de los sectores que ha protagonizado esos cambios.
Con la modificación de las leyes procesales se han modernizado unas normas decimonónicas que requerían adaptarse a las necesidades de una nueva sociedad, y a las exigencias derivadas de la pertenencia a un mundo globalizado.
Junto con la mejora de los mecanismos de cooperación jurídica internacional, la reforma de la doble instancia penal pretende dar cumplimiento a la exigencia internacional de que toda sentencia pueda ser objeto de revisión por un segundo tribunal.
Supone, sin duda, un refuerzo de las garantías del investigado en el proceso penal. También responden a las exigencias internacionales la incorporación a nuestro derecho del denominado Estatuto de la Víctima y las diferentes medidas de lucha contra la corrupción, tales como la reformulación de la figura del decomiso y la constitución de una Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
Las dificultades derivadas del deterioro económico también obligaron a la Justicia a transformarse para contribuir a la compleja tarea de devolver a España a las cotas de bienestar y progreso que esperan nuestros ciudadanos.
Este logro es vital, por los impactos que tiene una justicia eficaz, ágil, cercana, eficiente y predecible en el funcionamiento de nuestra economía.
A ello hemos de sumar que todo ordenamiento jurídico está sometido a una continua expansión, pues debe atender a las nuevas relaciones económicas y sociales, que han dejado de estar limitadas por las fronteras y que crecen exponencialmente.
Por ello, la seguridad jurídica es uno de los pilares que...
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