Quedan sin resolver fraudes y sobornos
| Autor | Mariel Ibarra |
Además de las irregularidades en el manejo de los recursos par los festejos del Bicentenario, en donde destaca la polémica Estela de Luz, la Administración de Felipe Calderón dejará casos de corrupción sin resolver y que se heredarán a la gestión del priista Enrique Peña Nieto.
Entre los procesos pendientes se encuentran la megadeuda de Coahuila, el fraude en Melate, las acusaciones por soborno en contra del ex director de operaciones de la CFE, Néstor Moreno, de funcionarios del Estado Mayor Presidencial y de la Policía Federal, así como las denuncias contra los ex Gobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández por presunto lavado de dinero.
El año pasado se dio a conocer que durante el Gobierno de Humberto Moreira, el estado de Coahuila contrajo una deuda de 33 mil millones de pesos.
A pesar de que la contratación de créditos por 16 mil millones de pesos se realizó con documentos falsos, hasta el momento, la PGR sólo ha detenido a dos ex funcionarios de la Secretaría de Hacienda implicados en el caso: el ex director de Deuda Pública de Estados y Municipios, Jaime René Jiménez Flores, y Jorge López Alarcón, ex jefe de Departamento por Honorarios.
Sin embargo, Javier Villarreal, quien fuera titular del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila, y Sergio Ricardo Fuentes Flores, ex Administrador General de Políticas Públicas, acusados de ser los responsable directos de la deuda ilegal, se encuentran prófugos.
Villarreal enfrenta en EU acusaciones por lavado de dinero y está presuntamente relacionado con la explotación de minas de carbón de Coahuila.
Las investigaciones que se siguen contra los ex Gobernadores priistas de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, quienes son investigados por presuntos nexos con el narcotráfico y lavado de dinero, también quedarán inconclusas y serán heredadas a la nueva Administración.
Recientemente, la PGR dio un plazo de 90 días a los ex Mandatarios para que comparezcan ante la autoridad para defender el origen legal de su bienes, pues, de lo contrario, serán decomisados.
Desde 2009, Yarrington tiene abierta en la PGR una investigación por lavado de dinero que fue retomada el año pasado, luego de que un informante declarara en el Consulado de México en San Antonio, Texas, sobre las propiedades el ex Mandatario. La DEA también indaga al tamaulipeco.
Hernández no cuenta con orden de aprehensión, pero las autoridades le han asegurado bienes y congelado cuentas bancarias.
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