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PUNTOS Y CONTRAPUNTOS / El pozo del mal

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Vincent
AutorPedro Mellado

Toda esta semana, además de lunes y martes de la próxima, en el Congreso de Jalisco se realizará un ejercicio en el cual comparecerán Secretarios del Gabinete estatal, quienes explicarán a los legisladores locales las singularidades de su gestión -con respecto a la toma de decisiones y al ejercicio del gasto en sus dependencias- en el transcurso del último año de la Administración del panista Emilio González Márquez, quien terminará su mandato el próximo jueves 28 de febrero.

El ejercicio aporta poco para aclarar si la gestión de los funcionarios ha sido atinada, pues la información que en esas comparecencias se ventila no tiene consecuencias jurídicas ni para los Secretarios del Gabinete ni para su jefe, el Gobernador, aún cuando en algunos casos pudieran intuirse o evidenciarse irregularidades, negligencias o abusos.

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco advierte que se puede proceder, por varias vías legales, contra los funcionarios que hagan mal su trabajo, en perjuicio del interés público y causen quebranto a los bienes o finanzas de alguna entidad pública.

Inclusive, la referida ley señala que "cuando los actos y omisiones, materia de las acusaciones, queden comprendidos en más de uno de los casos de responsabilidad política, penal, administrativa o civil previstos en la Constitución del Estado, los procedimientos respectivos se desarrollarán en forma autónoma e independiente según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda".

Al margen de las sanciones administrativas, civiles y penales, los funcionarios públicos pueden ser inhabilitados para trabajar en el Gobierno durante algunos años, de acuerdo con la responsabilidad que les sea acreditada.

La corrupción y la impunidad van de la mano, lubrican en general la vida pública y eso ha generado un tremendo abismo de desconfianza que separa a los ciudadanos de sus presuntos servidores públicos.

La gente no confía en...

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