Pugnan juristas aclarar licitación
| Autor | Jesús Alberto Hernández |
Especialistas en Derecho coincidieron en calificar como sospechosa la concesión que el Gobierno federal otorgó a una empresa privada para manejar el Registro Nacional de Vehículos, por lo que resaltaron que la población debe ser informada con mayor precisión sobre las características del proceso de licitación.
Quien ha asesorado a diversos grupos vecinales y movimientos urbanos en la ciudad, Sergio Alcázar, afirmó que sería conveniente que se investigue cuál es el origen de la empresa que se hubiera conformado expresamente para el proyecto.
"Es la primera vez que se privatiza un impuesto. Habría que investigar quiénes son los socios de esa empresa, de la cual ni se sabe si cuenta con acta constitutiva", afirmó.
El asesor jurídico consideró que no sería extraño que las autoridades estuvieran actuando en el último año de la administración con la finalidad de hacer de este registro un negocio redituable, parecido a las contribuciones que inventaban las autoridades en el Siglo 19.
"En principio (el Renave) es lo que se llama una alcabala, porque ya se pagan impuestos y no va a resolver lo que dicen que va a resolver", afirmó.
Dijo que los ciudadanos inconformes pueden recurrir a los amparos en grupo, lo cual reduciría su costo y ya se tiene un antecedente en Tlatelolco, en donde hubo un intento, por parte de la autoridad local, de cobrar la limpieza de las atarjeas durante la administración del ex Regente Carlos Hank González.
"El caso fue al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, luego pasó al Tribunal Fiscal, que dejó sin efecto la disposición, pero se resolvió después de tres años. Es lo que hacen algunas autoridades en apoyo de otras autoridades", dijo.
Por su parte, el jurista Raúl Carrancá y Rivas comentó además que es una ironía el hecho de que los particulares tengan ahora que recurrir a un amparo y pagar incluso más de la cuota establecida por el Renave para defenderse, para que no se afecte su derecho fundamental a circular, por algo que a su parecer es una forma de anatocismo fiscal.
"Es cobrar un impuesto sobre un impuesto. Creo que hay otros medios para llevar ese control sin llegar a este extremo", comentó.
El jurista Ignacio Burgoa Orihuela afirmó que el Gobierno federal debe demostrar que no se violó el Artículo...
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